Régimen otorga concesión de agua a mineras sancionadas por EEUU

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó la extracción de más de 217 mil metros cúbicos de agua para proyectos mineros en Nicaragua, según nuevas certificaciones emitidas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Las concesiones benefician a dos empresas vinculadas a capital chino y tendrán vigencia de cinco años. 

Los documentos oficiales detallan que las autorizaciones fueron entregadas a las sociedades mercantiles Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, S.A. y Linze Excelente Minería, S.A., ambas representadas por el ciudadano chino Shiliang Yang. 

La primera concesión, correspondiente a Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, S.A., autoriza un aprovechamiento anual de hasta 168 mil metros cúbicos de agua superficial desde el punto denominado “Toma superficial El Jengibre”, ubicado en la cuenca del Río San Juan, en el municipio de El Almendro, departamento de Río San Juan. El permiso contempla uso para consumo humano e industrial. 

La segunda concesión fue otorgada a Linze Excelente Minería, S.A., permitiendo el aprovechamiento de hasta 49 mil 547.18 metros cúbicos anuales de agua superficial desde “Toma Quebrada Alegre”, localizada en la cuenca del Río Escondido, en Santo Domingo, Chontales. 

En total, ambas empresas podrán extraer 217 mil 547.18 metros cúbicos de agua al año para operaciones relacionadas con la actividad minera. 

El ambientalista Amaru Ruiz, de Fundación del Río, cuestionó que las concesiones hayan sido entregadas a empresas señaladas internacionalmente y aseguró que las autorizaciones evidencian que continuarán operando pese a sanciones previas. 

“Lo que vemos es que primero le otorgan dos concesiones de extracción de agua para consumo y para industrial a dos empresas sancionadas. Eso es como lo raro, después de las sanciones”, señaló Ruiz. 

El defensor ambiental explicó que el agua en proyectos mineros suele utilizarse para procesar materiales y separar el oro de la roca mediante distintos métodos industriales. “Las mineras la utilizan para sus planteles, para poder procesar y separar el oro de la roca”, afirmó. 

Ruiz también destacó que las concesiones aprobadas corresponden a extracción de agua superficial, es decir, directamente desde ríos, quebradas o cuerpos de agua, y no mediante pozos subterráneos. Según explicó, este tipo de captación resulta más económica para las empresas porque evita inversiones en infraestructura de perforación. 

“Lo más fácil por términos de costo es la superficial y es lo que parece que van a hacer según lo que establecen ahí”, sostuvo el ambientalista. 

De acuerdo con Ruiz, la legislación obliga a las empresas a pagar un canon por extracción de agua y a implementar medidas de restauración e infiltración para proteger las cuencas afectadas. Sin embargo, expresó dudas sobre el cumplimiento real de esos compromisos ambientales. 

Las resoluciones fueron emitidas y notificadas el 28 de abril de 2026 por el Registro Público Nacional de Derechos de Agua y de Prestadores de Servicios de la ANA. Los documentos establecen además que las certificaciones deben publicarse en La Gaceta, Diario Oficial, dentro de un plazo máximo de quince días calendario. 

En los últimos años, organizaciones ambientales y sectores opositores han advertido sobre el incremento de concesiones extractivas en Nicaragua y sus posibles efectos sobre recursos hídricos, ecosistemas y comunidades rurales cercanas a zonas de explotación minera.