Alcaldía de Siuna impone multas a pasajeros y conductores por botar basura en transporte público

La Alcaldía de Siuna oficializó una ordenanza que impone multas a pasajeros y conductores por botar basura, además de establecer nuevas reglas para carga, descarga y uso de la vía pública

Equipo de Periodistas
abril 24, 2026 12:41 PM
Alcaldía de Siuna impone multas a pasajeros y conductores por botar basura en transporte público

La Alcaldía de Siuna, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, oficializó una ordenanza municipal que establece multas a pasajeros que boten basura, sanciones a conductores y nuevas obligaciones para comerciantes, según una publicación en La Gaceta.

La normativa introduce sanciones directas en el transporte público. Entre ellas, multas de C$ 200 a pasajeros que lancen basura desde las unidades, C$ 300 a conductores que permitan esta práctica y C$ 500 por unidad a quienes no porten recipientes de basura. Además, los operadores deberán reportar a la Dirección de Transporte a los usuarios que incumplan la regulación.

Multas por carga, descarga y obstrucción vial

La ordenanza también establece sanciones económicas por incumplimientos en carga y descarga. El documento detalla multas de entre C$ 1,000 y C$ 2,000 por operar fuera del horario permitido sin autorización, y de C$ 1,500 a C$ 3,000 por bloquear completamente la vía.

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Asimismo, contempla medidas administrativas adicionales como la suspensión temporal de certificados de operación, retención del vehículo en casos de reincidencia grave y notificación a la Policía Nacional de Nicaragua.

Restricciones de estacionamiento y uso de la vía pública

En materia de orden vial, se prohíbe estacionar en andenes, aceras y espacios destinados a peatones, así como en entradas de clínicas, hospitales, escuelas y edificios públicos. También quedan restringidas las zonas señalizadas con “No estacionar”, bordillos pintados y áreas de carga y descarga fuera del horario autorizado.

La normativa regula además el uso de espacios públicos, prohibiendo alterar las condiciones de la vía, realizar construcciones, instalar talleres o utilizar calles para comercio, publicidad o actividades festivas. Igualmente, se sanciona la disposición de desechos, excavaciones o instalación de estructuras que afecten la circulación.

Reglas para transporte colectivo y vehículos pesados

Para el transporte colectivo, se establece la prohibición de realizar paradas en puntos no autorizados, obligando el uso de terminales terrestres. En el caso de vehículos pesados —como cabezales, rastras y camiones de más de dos ejes—, deberán cumplir restricciones específicas para evitar obstrucciones en la vía.

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Uno de los puntos clave es la obligación para propietarios de comercios, almacenes y bodegas de construir espacios adecuados para la descarga de camiones, con el fin de no afectar la circulación vehicular.

Horarios definidos y nuevas obligaciones para negocios

La ordenanza fija horarios específicos para carga y descarga: de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 6:30 p.m. a 10:00 p.m. Fuera de estos rangos, será obligatorio solicitar un permiso con al menos 24 horas de anticipación.

Además, se establece que en un plazo de un año los negocios deberán adecuar sus instalaciones para evitar el uso de la vía pública en estas actividades.

Gestión de desechos y control a pasajeros

En cuanto a la gestión de residuos, las unidades de transporte deberán contar con recipientes de basura, colocar rótulos visibles que prohíban lanzar desperdicios e informar a los pasajeros sobre su uso adecuado.

La ordenanza es explícita: queda estrictamente prohibido lanzar desechos sólidos desde el interior de las unidades hacia la vía pública.

Aplicación obligatoria en medio de cambios institucionales

La normativa, titulada “Ordenanza Municipal para la Regulación de Parqueo, Horarios de Carga y Descarga, Uso de la Red Vial y Gestión de Desechos en el Transporte Público en el Municipio de Siuna”, es de cumplimiento obligatorio para conductores, comerciantes, empresas y usuarios.

Esta regulación se aprueba en un contexto de cambios en la administración municipal, luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua derogara la Ley de Carrera Administrativa Municipal, trasladando el control del personal a la Procuraduría General de la República.

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