Denuncian a sacerdote por  usurpar funciones de obispo desterrado de Jinotega

Denuncias de fieles católicos en Jinotega señalan que tres sacerdotes —Alfonso Soza, Rafael Ríos Gadea y Mauricio Pérez García— habrían asumido funciones propias del obispo durante la celebración del Miércoles Santo, presidiendo ritos desde la cátedra episcopal en la catedral San Juan Bautista, en un hecho que ha generado fuerte rechazo.

Los tres religiosos son señalados por fieles como “sacerdotes sandinistas”, acusados de usurpar funciones episcopales al presidir ritos desde la cátedra del obispo, en una diócesis que no se encuentra en sede vacante, reportó el medio Mosaico CSI.

La denuncia se centra en la participación de estos sacerdotes en una celebración presentada como Misa Crismal, una de las liturgias más importantes del calendario católico, que según la normativa de la Iglesia corresponde exclusivamente al obispo diocesano.

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El sacerdote Mauricio Pérez García, párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles en Jinotega, ha asumido en la práctica funciones propias de un obispo sin que exista un nombramiento público conforme al derecho canónico, según denunció un reciente reporte de Mosaico CSI.

De acuerdo con el informe, Pérez García se presenta como administrador diocesano y ha tomado el control visible de la diócesis, presidiendo las celebraciones más relevantes del calendario litúrgico y ejerciendo un liderazgo que, según fuentes eclesiásticas, excede las facultades de un sacerdote.

Incluso, habría modificado el misal diario de la diócesis con una “revisión litúrgica” junto al sacerdote Rafael Ríos Gadea, incorporando la “aprobación eclesiástica con licencia de monseñor Mauricio Pérez, administrador diocesano de Jinotega”, lo que refuerza la percepción de una autoridad asumida sin respaldo canónico.

Las celebraciones de Semana Santa evidenciaron esta situación. Según el reporte, Pérez García presidió los ritos principales desde el lugar de la cátedra episcopal, el símbolo visible del ministerio del obispo en su diócesis, lo que ha sido interpretado por fieles como una usurpación de funciones.

Para numerosos creyentes, esta escena confirma denuncias que se vienen señalando desde noviembre de 2024, en una diócesis que no se encuentra formalmente en período de sede vacante.

El contexto se remonta al destierro de monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, obispo de Jinotega desde 2005, quien fue expulsado del país y enviado a Guatemala el 13 de noviembre de 2024 por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Tras su salida, feligreses denunciaron la remoción de la cátedra episcopal de la catedral, una estructura que incluía el escudo del obispo, símbolo directo de su autoridad pastoral. En su lugar, se colocó otra silla sin ese distintivo.

“Un escudo del obispo que tenía un fondo negro lo botaron como si fuera basura”, relató una fuente citada en el informe.

Sin embargo, especialistas subrayan que este cambio no altera el significado del espacio. “La sustitución del asiento no alteró el fondo del problema. El espacio que ocupa la cátedra sigue siendo el lugar propio del obispo en la diócesis. Ocuparlo con otra silla no cambia su significado: quien se sienta ahí asume un signo que no le corresponde”, afirmó un sacerdote que pidió anonimato.

La normativa de la Iglesia establece límites claros. La Instrucción General del Misal Romano indica que un sacerdote debe utilizar una sede propia, sin asumir signos reservados al obispo, mientras que el Ceremonial de los Obispos define la cátedra como un símbolo exclusivo del ministerio episcopal.

Uno de los hechos más significativos ocurrió el Miércoles Santo, cuando Pérez García presidió una celebración presentada como Misa Crismal en la catedral San Juan Bautista de Jinotega, una liturgia que, en la práctica católica, corresponde exclusivamente al obispo diocesano.

Fuentes eclesiásticas indicaron que el crisma no fue consagrado en esa celebración, sino trasladado desde Managua. A pesar de ello, se realizó la renovación de las promesas sacerdotales, un acto que tradicionalmente expresa comunión con la autoridad del obispo.

Esto implica que el clero habría renovado sus compromisos en una ceremonia presidida por un sacerdote que no ostenta la autoridad episcopal.

Algunos fieles aseguran que Pérez García ha sostenido que la diócesis se encuentra en sede vacante. Sin embargo, el derecho canónico establece que en casos de destierro se configura una “sede impedida”, lo que significa que el obispo mantiene su cargo y autoridad.

El canon 413 permite designar a un administrador, pero con funciones limitadas que no incluyen asumir los signos propios del obispo.

Según fuentes citadas por Mosaico CSI, el nombramiento de Pérez García habría sido impulsado por operadores vinculados al régimen Ortega-Murillo, incluyendo a sacerdotes cercanos al oficialismo.

Además, se cuestiona la validez de un supuesto decreto firmado por el excanciller diocesano Francisco Ramón Chavarría González, dado que en ese momento gran parte del Colegio de Consultores había sido desterrado o forzado al exilio.

El caso ocurre en un contexto más amplio de restricciones a la Iglesia católica en Nicaragua. Mientras en varias diócesis se han limitado o prohibido procesiones públicas, en Jinotega algunos sacerdotes —incluido Pérez García— han contado con permisos para realizarlas.

Esta diferencia ha generado cuestionamientos entre fieles, quienes señalan un trato desigual y vinculan estos privilegios con cercanía al régimen.