Nicaragua: Más de 5,700 procesiones prohibidas en 2026, régimen no puede tapar la realidad

Las recientes declaraciones del Gobierno de Estados Unidos sobre restricciones a la libertad religiosa en Nicaragua provocaron una inmediata reacción del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que negó categóricamente la existencia de persecución. Pero en el comunicado, Murillo y Ortega, no explicaron por qué están prohibidas las procesiones en las calles y por qué se realizan en los atrios o patios de las iglesias.

Sin embargo, sacerdotes, investigadores, opositores y activistas nicaragüenses respondieron de forma contundente, asegurando que las prohibiciones y la vigilancia contra expresiones de fe no solo son reales, sino sistemáticas y documentadas. Estas valoraciones surgen como respuesta directa al discurso oficial, luego del señalamiento del gobierno estadounidense.

El sacerdote Nils Hernández calificó como “ridícula” la postura del régimen al negar la persecución religiosa. “¿Cómo van ellos a cubrir el sol con un dedo? Es lo más ridículo que he escuchado yo”, afirmó. Añadió que “el simple hecho de haber prohibido procesiones en este tiempo de Cuaresma demuestra que no existe libertad religiosa”.

Hernández denunció que durante toda la Cuaresma no hubo procesiones públicas y que las celebraciones se realizaron intramuros, bajo vigilancia policial. “Mandaron policías a vigilar las parroquias, a tomar fotografías y audios para aparentar que todo está bien”, señaló. También cuestionó los permisos selectivos otorgados a pocas iglesias: “Eso es para enseñar al mundo una cara que no es real”.

El sacerdote insistió en que el temor ha marcado las celebraciones religiosas. “Hay personas que han tenido que salirse de las actividades por miedo”, dijo, y agregó que negar la persecución “es una estupidez”, porque la evidencia está documentada.

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina reforzó estas denuncias con cifras concretas. Indicó que en Semana Santa 2026 se prohibieron 5,738 procesiones y actividades religiosas, lo que eleva a 27,286 el total acumulado en los últimos años.

Molina advirtió que la persecución no se limita a las procesiones. “La Policía llega a intimidar constantemente a sacerdotes y laicos, piden información de las actividades y amenazan con consecuencias si se realizan en las calles”, explicó. También señaló que al menos cuatro diócesis no celebrarán misa crismal debido a las restricciones.

Además, denunció que el régimen intenta manipular la percepción internacional. “Ordenan pequeñas procesiones controladas para decir que hay libertad religiosa, pero la realidad es que la gran mayoría está prohibida”, afirmó.

Régimen nerviosos y acorralados

El opositor Juan Sebastián Chamorro interpretó la negación del régimen como una reacción ante el aumento de denuncias internacionales. “Este es un ejemplo claro de cómo están reaccionando. Están nerviosos, se sienten acorralados”, afirmó.
Chamorro sostuvo que la presión internacional ha ido en aumento debido a la acumulación de evidencia sobre violaciones a la libertad religiosa. “Todo el mundo en Nicaragua ha visto cómo han cerrado iglesias, acosado sacerdotes y expulsado religiosos. Eso no lo pueden ocultar”, dijo.

Agregó que la reacción oficial confirma el impacto de las denuncias. “El hecho de que estén reaccionando demuestra que la campaña internacional está funcionando y que ya no pueden sostener su narrativa”, subrayó.

Por su parte, el opositor Félix Maradiaga afirmó que la realidad del país contradice el discurso oficial. “El pueblo nicaragüense no necesita que nadie le explique lo que vive”, expresó.

Maradiaga detalló una serie de hechos que evidencian persecución: “Cuatro obispos en el exilio, más de 260 religiosos expulsados, bienes confiscados y prohibición de ordenar sacerdotes”. Añadió que “no hay procesión libre, no hay visita al Santísimo sin vigilancia, no hay expresión pública de fe que escape al ojo del régimen”.

También señaló que la reacción del gobierno responde al miedo. “Esta campaña mediática no es fortaleza, es miedo. Es la señal de que sienten el peso de la condena internacional”, afirmó.

Policías vigilancia para que nadie salga de templos

Desde el exilio, el activista Alex Aguirre sostuvo que la represión es evidente para la población. “Aquí no estamos hablando de cuentos. En Nicaragua, por cuarto año consecutivo, se cerraron las calles a la fe en Semana Santa”, afirmó.

Aguirre relató casos concretos: “En León, el Viernes de Dolores tuvo que hacerse dentro del templo con policías afuera vigilando que nadie saliera”. Y añadió: “Cuando la fe necesita permiso policial para caminar, eso es represión, aunque lo maquillen con comunicados”.

También explicó por qué Estados Unidos ha elevado el tono. “No es ideología, es una línea roja histórica. Cuando un gobierno controla la religión, cruza hacia el autoritarismo total”, señaló.

El activista Enrique Martínez consideró que negar la persecución sin argumentos constituye una manipulación. “Hablar de libertad religiosa en este contexto no solo es falso, es ofensivo para quienes han sido perseguidos”, afirmó.

Martínez también advirtió sobre el uso político del discurso religioso. “Cuando una dictadura usa el lenguaje cristiano mientras persigue la fe, convierte la religión en una herramienta de control”, señaló, agregando que esto refleja debilidad del poder.

A su vez, el activista Edgard Blanco sostuvo que la reacción del régimen evidencia inseguridad. “Cuando necesitan responder con discursos extensos y desproporcionados, es porque están débiles”, afirmó.

Blanco indicó que la presión internacional está impactando directamente al régimen. “Están políticamente acorralados y su narrativa defensiva lo confirma”, dijo. También subrayó que la fe sigue siendo un elemento clave en la resistencia social:“La fe del pueblo nicaragüense sigue intacta y vinculada al anhelo de libertad”.

Las reacción de la dictadura surge tras las declaraciones del vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien denunció que el régimen continúa restringiendo la libertad religiosa. “Una vez más este año, la dictadura Ortega-Murillo niega al pueblo de Nicaragua el derecho a profesar su fe al prohibir tales procesiones públicas”, expresó.

El régimen rechazó estas acusaciones que las tildó de “perversas” en un comunicado oficial, asegurando que en el país existe libertad religiosa. Sin embargo, no explicó las restricciones a las procesiones ni la vigilancia policial en actividades religiosas.

Mientras el régimen insiste en negar la persecución, expertos y testimonios coinciden en que la libertad religiosa en Nicaragua enfrenta severas limitaciones. La evidencia, según los denunciantes, se acumula tanto dentro del país como en informes internacionales, consolidando una disputa que trasciende el discurso oficial.