Régimen sandinista autoriza ingreso a algunos ciudadanos que no podían regresar a Nicaragua

El Régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibición de ingreso estaría comenzando a flexibilizar, de forma selectiva y sin explicación oficial, las restricciones de ingreso al país que durante años afectaron a ciudadanos nicaragüenses, incluidos opositores, profesionales, religiosos y empresarios.

La noticia surgió luego de que el activista y excarcelado político Yubrank Suazo, reveló haber tenido acceso a un correo electrónico en el que se notificaba a un ciudadano que ya tenía autorización para ingresar a Nicaragua.

El remitente no se revela por razones de seguridad, mientras el mensaje fue enviado ayer miércoles 1 de marzo.
El contenido del mensaje es breve y carece de sellos institucionales: se limita a informar que el ingreso al país ha sido autorizado y solicita confirmar la recepción.

100 % Noticias informó, ayer, en el programa Comentarios al Margen, que se conocía de 4 casos que habían sido rechazados en Nicaragua. Dos de ellos hicieron petición al Ministerio del Interior para ingresar, y los otros dos no hicieron ninguna gestión porque se habían resignado al exilio forzado. Repentinamente recibieron en sus correos electrónicos esas notificaciones.

Una ciudadana recibió una notificación similar el martes 31 de marzo, luego de haber sido impedida de ingresar al país en 2025. Según su testimonio, tras enviar una solicitud al correo electrónico oficial habilitado por el Ministerio del Interior, obtuvo una respuesta con el mismo formato escueto, autorizando su retorno.

Durante los últimos años, una cantidad no precisada de ciudadanos nicaragüenses denunciaron haber sido bloqueados para ingresar a su propio país sin orden judicial ni explicación oficial. Entre los afectados se encuentran periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes, empresarios y profesionales, muchos de ellos críticos del régimen.
En numerosos casos, las restricciones se ejecutaban a través de líneas aéreas, que notificaban a los pasajeros, a veces con días de anticipación y en otras ocasiones en el mismo aeropuerto, que no podían abordar vuelos con destino a Nicaragua.

Estas decisiones, atribuidas a órdenes gubernamentales, dejaron a centenares de ciudadanos en un limbo migratorio.

Aunque algunos casos alcanzaron notoriedad internacional, una gran cantidad de afectados optó por el silencio. El temor a represalias contra familiares que permanecían en el país llevó a muchos a no denunciar públicamente su situación, profundizando el subregistro de estos hechos.

Además, testimonios de ciudadanos afectados apuntan a la existencia de una red de corrupción que operaba en torno a estas restricciones.

Según las denuncias, intermediarios ofrecían gestionar autorizaciones de ingreso a cambio de pagos que podían ascender a miles de dólares, lo que agravó las acusaciones de arbitrariedad y abuso de poder.

Las prácticas de prohibición de ingreso han sido señaladas por organismos internacionales como parte de un patrón más amplio de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Tanto Ortega como Murillo enfrentan cuestionamientos constantes por medidas que incluyen el exilio forzado, la desnacionalización y la restricción de libertades fundamentales.

En este contexto, la aparente apertura para permitir el regreso de algunos ciudadanos podría interpretarse como un intento del régimen por aliviar la presión internacional, particularmente desde Estados Unidos, que ha mantenido sanciones y críticas constantes por la situación de los derechos humanos en el país.

Sin embargo, la falta de claridad, la ausencia de criterios públicos y el carácter discrecional de estas autorizaciones mantienen la incertidumbre entre los miles de nicaragüenses que aún no saben si podrán regresar a su país sin restricciones.