Nicaragua: “Sin respiro, otro año de creciente represión religiosa” denuncia informe de CSW

La persecución religiosa en Nicaragua se intensificó durante 2025 bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con un aumento significativo de violaciones a la libertad de culto, vigilancia a líderes religiosos y restricciones a prácticas de fe, según un informe publicado por la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW).

El documento, titulado “Sin respiro: Otro año de creciente represión en Nicaragua”, revela que el régimen ha consolidado un modelo de control sistemático sobre las comunidades religiosas, en paralelo a su estrategia de control político y social. 

Aumentan los casos de persecución religiosa

De acuerdo con el informe, en 2025 se registraron al menos 309 incidentes relacionados con violaciones a la libertad de religión o creencias, un aumento cercano al 40 % respecto a los 222 casos documentados en 2024. 

Estos casos incluyeron detenciones arbitrarias, amenazas, vigilancia, restricciones a actividades religiosas y exilio forzado. La mayoría de las víctimas pertenecían a la Iglesia católica (200 casos) y comunidades protestantes (108 casos), lo que evidencia una afectación transversal en el ámbito religioso. 

El informe destaca que muchas de estas violaciones no se denuncian por temor a represalias, lo que sugiere que la cifra real podría ser considerablemente mayor.

Control policial y autocensura en iglesias

Uno de los hallazgos más alarmantes es la imposición de un sistema de control directo sobre líderes religiosos. Según CSW, muchos sacerdotes y pastores fueron obligados a presentarse semanalmente en estaciones policiales, donde debían informar sobre sus actividades, sermones y movimientos.

Además, agentes policiales se apostaban dentro y fuera de los templos durante los servicios religiosos, fotografiando a los asistentes y vigilando el contenido de las predicaciones. 

Esta presión ha generado un clima de autocensura, donde líderes religiosos evitan abordar temas sensibles como la justicia, los presos políticos o la situación del país, por temor a ser acusados de crítica al gobierno.

Prohibiciones y restricciones a prácticas religiosas

El informe documenta la prohibición de numerosas actividades religiosas públicas, incluyendo procesiones católicas tradicionales, celebraciones de Semana Santa y eventos vinculados al Día de la Biblia.

Incluso dentro de los templos, muchas actividades requerían autorización previa de la Policía Nacional, lo que limita significativamente la libertad de culto.

En algunos casos, las autoridades prohibieron el uso de los colores azul y blanco —asociados a la bandera nacional— en decoraciones religiosas, al considerarlos símbolos de oposición política. 

Cancelación de organizaciones religiosas

Otro eje clave de la represión ha sido la cancelación masiva de personerías jurídicas. En 2025, al menos 18 organizaciones religiosas fueron ilegalizadas, incluyendo denominaciones completas como la Asociación de Iglesias Bautistas Fundamentalistas Independientes. 

Estas acciones forman parte de una política más amplia que ha llevado al cierre de más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil en el país.

En varios casos, el Estado confiscó propiedades de iglesias, escuelas y organizaciones religiosas, convirtiéndolas en instalaciones públicas o incluso en estaciones policiales.

Exilio y pérdida de ciudadanía

El informe también denuncia el uso del exilio como herramienta de represión. Numerosos líderes religiosos fueron expulsados del país o impedidos de regresar tras viajar al extranjero.

En muchos casos, el gobierno les retiró la ciudadanía, dejándolos en condición de apatridia. Un ejemplo citado es el del sacerdote Jalder Hernández, a quien se le prohibió abordar un vuelo de regreso a Nicaragua tras una visita a Estados Unidos. 

CSW documentó al menos 55 casos de detenciones arbitrarias de líderes religiosos, algunos de ellos encarcelados durante meses o años.

En prisión, se reportan condiciones inhumanas, incluyendo aislamiento, interrogatorios constantes y prohibición de acceso a textos religiosos como la Biblia, en violación de estándares internacionales. 

Estrategia de control total del régimen

El informe concluye que estas acciones no son aisladas, sino parte de una estrategia más amplia del régimen para consolidar el control total del país.

Según CSW, el gobierno busca “controlar, cooptar o eliminar” a cualquier actor que considere una amenaza, incluyendo a las comunidades religiosas, que históricamente han tenido influencia social y moral en Nicaragua. 

Al mismo tiempo, el régimen ha intentado proyectar una imagen de respeto a la libertad religiosa mediante la cooptación de ciertas festividades y el favorecimiento de grupos alineados con el gobierno.

El informe coincide con evaluaciones de organismos internacionales que han señalado a Nicaragua como un país con graves violaciones a la libertad religiosa.

La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) ha recomendado mantener al país en la lista de “País de Especial Preocupación”, debido a la sistematicidad de los abusos.

CSW instó a la comunidad internacional a aumentar la presión diplomática, exigir la liberación de presos políticos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

El panorama descrito en el informe refleja una sociedad marcada por el miedo, la vigilancia y la restricción de libertades fundamentales.