Alcaldía de Boaco impone matrícula anual e impuestos mensuales a abogados y notarios

La Alcaldía de Boaco oficializó nuevos cobros municipales dirigidos a abogados y notarios públicos, estableciendo un monto por la matrícula anual y un impuesto mensual por el ejercicio profesional en el municipio.

La medida fue comunicada mediante una circular firmada por la alcaldesa Eufemia Estela Montes.

“El honorable Concejo Municipal de Boaco, ha determinado una Matrícula por servicio profesional de Abogados y Notarios en el ejercicio del derecho la cantidad de C$ 800 córdobas anual por abogado y un Impuesto Municipal Mensual de C$ 400 córdobas por abogado a partir del año 2026”, se lee en el documento.

Asimismo, se especifica que “el cobro se realizará desde el mes de enero a diciembre 2026”, por lo que los profesionales deberán cumplir con estos pagos durante todo el año fiscal.

En relación con los plazos, la ordenanza indica que “para el año 2027 el Profesional del Derecho deberá matricularse en el mes de enero 2027 y de hacerlo después de esta fecha se aplicará multa según el Plan de Arbitrio Municipal”.

La disposición también contempla a abogados de otros municipios que ejerzan en Boaco. En ese sentido, se establece que “para los profesionales del derecho de otros municipios que presten el servicio en este municipio y que dé origen al hecho generador del impuesto municipal se aplicará el cobro del impuesto IMI según el artículo 14 del plan de arbitrio municipal decreto 455”.

La alcaldesa también advirtió sobre posibles sanciones para quienes no cumplan con la normativa, en medio de inquietudes expresadas por miembros del gremio legal sobre la implementación de estos cobros y su impacto en el ejercicio profesional.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo también incrementó sin previo aviso el costo del certificado de antecedentes policiales, conocido como récord de policía, al pasar de 30 a 80 córdobas, lo que representa un aumento del 166.7%, según denuncias de usuarios y reportes periodísticos.

El alza, aplicada a través de la Policía Nacional, no fue anunciada oficialmente y salió a la luz cuando ciudadanos intentaron realizar el trámite en el Banco de la Producción , Banpro, única entidad autorizada para recibir pagos por estos servicios.