Dictadura Ortega-Murillo consolida control silencioso y vigilancia contra iglesia en Nicaragua

La libertad religiosa en Nicaragua continuó deteriorándose durante 2025 bajo un modelo de represión más estructural, silencioso y sostenido, según el Reporte Anual 2025 del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE), que documenta el avance del control estatal sobre comunidades de fe, especialmente sobre la Iglesia católica, y advierte que el régimen Ortega-Murillo mantiene una estrategia sistemática de vigilancia, hostigamiento y castigo selectivo contra voces religiosas críticas.

El informe señala que gobiernos autoritarios como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela mantuvieron durante 2025 medidas restrictivas contra líderes religiosos que denunciaron violaciones a derechos humanos, criticaron la ausencia de prácticas democráticas o acompañaron pastoralmente a víctimas de la represión estatal. En ese contexto, OLIRE destaca que la reciente reforma constitucional en Nicaragua reforzó y legitimó un entramado normativo represivo, consolidando el control del régimen sobre la vida social y religiosa del país. 

En el caso nicaragüense, el reporte identifica una preocupación particular por la situación de la Iglesia católica, descrita como una de las últimas instituciones con capacidad de expresar una voz crítica frente al régimen. Como respuesta, el Estado desplegó un abanico de mecanismos represivos que incluyen arrestos arbitrarios, investigaciones penales sin fundamento, pérdida de nacionalidad, expulsión y destierro de líderes religiosos, prohibición de ingreso al país, y severas restricciones al culto dentro y fuera de los templos.

El informe también menciona el cierre masivo de organizaciones religiosas, la cancelación de personerías jurídicas y la confiscación de bienes e inmuebles, lo que afecta directamente la capacidad operativa y pastoral de las comunidades de fe. 

Uno de los hallazgos clave del reporte es que durante 2024 y 2025 la represión evolucionó: aunque disminuyeron algunas acciones altamente visibles, se consolidó un modelo de control más silencioso y estructural, basado en vigilancia permanente, hostigamiento administrativo, presión económica, restricciones a manifestaciones públicas de fe y amenazas constantes de sanciones legales. Según OLIRE, este patrón genera una apariencia de normalidad, pero erosiona de forma sistemática la autonomía religiosa y promueve la autocensura. 

El informe también advierte que la represión se intensificó en fechas litúrgicas clave, con prohibiciones o limitaciones a procesiones, presencia policial en celebraciones religiosas y restricciones a la movilidad de clérigos y fieles. Paralelamente, el régimen buscó proyectar una imagen de cercanía con determinados sectores religiosos, favoreciendo a iglesias evangélicas consideradas “leales”, con el objetivo de fragmentar el campo religioso y deslegitimar a líderes críticos. 

OLIRE señala que esta estrategia incluye la manipulación del lenguaje y símbolos religiosos para ganar legitimidad ante una población mayoritariamente creyente, promoviendo relaciones selectivas con ciertas comunidades religiosas a cambio de lealtad política. Esto, advierte el reporte, debilita la autonomía de las confesiones, genera divisiones internas y favorece la configuración de expresiones religiosas funcionales al régimen. 

Como ejemplos registrados en su base de datos de incidentes violentos, el informe incluye el caso del pastor evangélico Rudy Palacios Vargas, detenido en su domicilio en Jinotepe sin orden judicial ni explicación pública, y el del sacerdote Pedro Abelardo Méndez Pérez, detenido arbitrariamente en Granada y mantenido 12 días sin cargos claros, sin acceso a defensa legal y con paradero oculto, en un hecho descrito como desaparición forzada temporal. También se menciona que los obispos católicos en Nicaragua estarían bajo estricta vigilancia estatal, con instrucciones de monitorear y reportar sus actividades. 

Aunque el reporte pone énfasis en Nicaragua, también advierte que en otros países de la región se registran serias afectaciones a la libertad religiosa. En Cuba, por ejemplo, se documentan cancelaciones arbitrarias de actividades religiosas, cierres de iglesias, confiscaciones, multas y arrestos. En Venezuela, se reporta control y condicionamiento de la relación del Estado con confesiones religiosas según su alineamiento con el régimen, así como amenazas directas a sacerdotes. 

Además, OLIRE identifica que el crimen organizado ha afectado gravemente a comunidades de fe en países como Colombia y México, donde se reportan amenazas, extorsiones, asesinatos, secuestros y ataques armados contra líderes religiosos, templos y celebraciones, confirmando que en varias zonas los espacios religiosos han dejado de ser percibidos como neutrales.