Industrias asociadas a mineras chinas en Nicaragua procesan oro extraído en Crucitas, Costa Rica

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, advirtió que la minería ilegal en Crucitas dejó de ser un problema localizado y se convirtió en una crisis con consecuencias directas ligadas a Nicaragua, donde redes criminales estarían aprovechando técnicas extractivas industriales para procesar sedimentos y tierra provenientes del lado costarricense.

Durante una comparecencia ante la Asamblea Legislativa, Zamora describió la zona como “tierra de nadie”, donde la Policía enfrenta diariamente a decenas de coligalleros, pero con limitaciones operativas que impiden frenar el crecimiento de la actividad ilícita. El ministro explicó que la falta de presencia de Fiscalía y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Crucitas obliga a trasladar a los detenidos hasta Ciudad Quesada, un recorrido que tarda aproximadamente cinco horas en patrulla.

Según detalló, el proceso judicial puede demorar otras tres horas, lo que provoca que, mientras los oficiales aún están concluyendo el trámite, la persona ya quede en libertad. “Volvemos a regresar y estamos todos los días haciendo eso”, señaló Zamora, quien sostuvo que esta dinámica consume recursos policiales que deberían concentrarse en contener la extracción ilegal en el territorio.

Sin embargo, el ministro subrayó que el problema va más allá de la presencia de coligalleros y se conecta directamente con el contexto en Nicaragua. Zamora afirmó que industrias mineras instaladas del lado nicaragüense, asociadas a técnicas extractivas chinas, compran sacos de tierra y sedimentos sin verificar su procedencia. Esto, aseguró, genera un incentivo económico para que personas se dediquen a llenar sacos con tierra en Crucitas y trasladarlos para venderlos al otro lado de la frontera.

El jerarca explicó que, mientras los coligalleros logran extraer únicamente entre un 15% y 20% del oro existente en un saco, estas industrias pueden recuperar hasta un 95%, lo que convierte el tráfico de sedimentos en un negocio altamente rentable para estructuras vinculadas a la criminalidad organizada.

Zamora también alertó que la expansión territorial agrava el impacto transfronterizo. Indicó que la zona afectada creció de 900 a 3.000 hectáreas y ahora abarca la ribera del río San Juan hasta Boca de San Carlos. Según su relato, el daño ambiental ha sido tan severo que un cerro conocido como Conchuditas “hoy casi ha desaparecido”, debido al saqueo constante de tierra.

El ministro insistió en que Costa Rica no puede sostener una operación policial permanente para cubrir 3.000 hectáreas, 24/7, durante todo el año. Por ello, expresó que el Gobierno espera que un proyecto de ley permita establecer en el sitio una empresa formal que implemente cerramiento perimetral y medidas de seguridad, reduciendo así la presión sobre las fuerzas policiales.