Senadores en EEUU introducen Ley que castiga minería ilegal con énfasis en Nicaragua

El Senado de Estados Unidos introdujo el proyecto S.3496, denominado “Ley de Sociedades Mineras y de Oro Legal de los Estados Unidos”, una iniciativa que busca establecer una estrategia de asociación para combatir la minería ilícita de oro en el hemisferio occidental.

La información fue confirmada por Amaru Ruiz, presidente de la organización ambientalista Fundación del Río, a través de un comunicado oficial al que tuvo acceso 100%NOTICIAS.

“Les compartimos para su conocimiento y cobertura el Comunicado 01-2026 de Fundación del Río sobre la introducción en el Senado de Estados Unidos de la propuesta de Ley de Sociedades Mineras y de Oro Legal de los Estados Unidos orientada a combatir la minería ilícita de oro en el hemisferio occidental, con énfasis en el caso de Nicaragua”, indicó la organización.

Según el comunicado, el objetivo de la propuesta es “establecer y aplicar una estrategia plurianual de colaboración en materia de oro y minería para reducir los efectos negativos ambientales y sociales de la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental, y para otros fines”.

LEER MÁS: Comercio y minería: el avance de los negocios chinos en Nicaragua

El proyecto fue presentado el 16 de diciembre de 2025 por el senador republicano John Cornyn (Texas) y cuenta con el respaldo de los senadores Tim Kaine (Virginia), Ted Cruz (Texas) y Jacky Rosen (Nevada).

La ley alerta sobre crimen transnacional y daños a indígenas

El texto legislativo reconoce que “la minería, el tráfico y el comercio ilícito del oro en el hemisferio occidental afecta negativamente la economía de la región y dinámica social, fortalece la organización criminal transnacional y otros actores ilícitos internacionales”.

Además, advierte que esta actividad tiene un impacto perjudicial sobre el medio ambiente, los pueblos indígenas y la seguridad alimentaria.

El proyecto también señala que “la falta de oportunidades económicas y la de un Estado de derecho débil promueve actividades ilícitas, como el de la minería ilícita de oro”, lo que —según el documento— aumenta la vulnerabilidad de comunidades en zonas mineras, incluidas comunidades indígenas que han sido víctimas de trata, abusos, violaciones y desplazamientos.

Nicaragua aparece mencionada en la iniciativa

La propuesta incluye de manera explícita el caso de Nicaragua, subrayando la necesidad de “interrumpir el comercio ilícito de oro en Nicaragua, incluso mediante la aplicación de medidas específicas de los Estados Unidos contra el Gobierno liderado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y sus colaboradores”.

El texto vincula esas acciones con la Orden Ejecutiva 14088, emitida el 24 de octubre de 2022, relativa a medidas adicionales frente a la situación en Nicaragua.

Dictamen favorable y próximos pasos

Fundación del Río informó que el 29 de enero de 2026, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado emitió un dictamen favorable con una enmienda sustantiva al proyecto.

De avanzar en el pleno del Senado, la iniciativa pasaría luego a la Cámara de Representantes y posteriormente al presidente estadounidense para su promulgación como ley.

Amaru Ruiz: “Representará mayor escrutinio”

Ruiz sostuvo que esta iniciativa “representará mayor escrutinio en la cadena de producción del oro y esto puede reducir los procesos extractivos en zonas de áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes”.

El ambientalista también afirmó que la minería ilegal de oro generó exportaciones de 176,000 onzas troy, equivalentes al 30.5 % de las exportaciones totales de oro reportadas en 2024 por Nicaragua.

“La minería ilegal del oro procede de la actividad de pequeña minería y de minería artesanal que se desarrolla bajo el control y aval del régimen Ortega-Murillo, tanto en áreas protegidas como en territorios indígenas y afrodescendientes del país”, señala Ruiz.

Asimismo, aseguró que al menos una empresa china estaría exportando oro a Estados Unidos mediante un esquema de intermediación que involucra minería artesanal, plantas de procesamiento y empresas dedicadas a la comercialización y exportación.

Fundación del Río concluyó su comunicado con el agradecimiento a senadores, congresistas y asesores por visibilizar el tema, señalando que la minería ilícita contribuye al financiamiento de regímenes autoritarios.