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Régimen desalojó barrio en Managua para vender apartamentos de hasta 85 mil dólares

Video exponen cómo al menos 40 familias fueron desalojadas por la fuerza del barrio Bóer para ampliar el proyecto apartamentos Nuevas Victorias en Managua

Febrero 02, 2026 09:40 AM
Régimen desalojó barrio en Managua para vender apartamentos de hasta 85 mil dólares

Una denuncia ciudadana difundida junto a un video reciente revela la dimensión del despojo ejecutado por el régimen nicaragüense en el barrio Bóer, en Managua, donde al menos 40 familias fueron expulsadas de sus propiedades entre septiembre y noviembre de 2025. Las imágenes muestran un terreno amplio, vacío y parcialmente destruido: casas mutiladas, estructuras derribadas, calles sin vida y restos de lo que alguna vez fue una zona del barrio Bóer.

El video, grabado tras los desalojos, exhibe viviendas reducidas a escombros y locales comerciales sin techos ni segundos pisos. En algunos puntos todavía se observan pertenencias abandonadas, sacos con objetos personales y personas cocinando entre ruinas, reflejo del impacto humano de una expropiación ejecutada sin indemnización ni proceso legal transparente.

Según la denuncia, el primer aviso ocurrió en junio de 2025, cuando funcionarios de la Alcaldía de Managua notificaron a los propietarios que debían desalojar sus inmuebles por orden directa de Rosario Murillo. En ese momento, los empleados municipales afirmaron que habría indemnización o reubicación, midieron los terrenos frente a los vecinos y utilizaron un tono conciliador que generó expectativas entre algunas familias.

Sin embargo, dos meses después, el discurso cambió. En septiembre, una nueva delegación regresó acompañada de guardias armados de la comuna capitalina. Entre ellos se identificó a Javier Alonso, funcionario del área legal de la Alcaldía, señalado anteriormente por desalojos similares en los alrededores del Estadio Cranshaw. La advertencia fue clara: no habría pagos ni reubicaciones y las tierras pertenecían a Rosario Murillo.

“Las ilegales expropiaciones son un delito continuado de los ILEGÍTIMOS GOBERNANTES en Nicaragua, en esta denuncia está presente la actuación directa de Rosario Murillo donde la usurpadora gobernante notificó por medio de funcionarios de la Alcaldía de Managua  en junio 2025 a 40 ciudadanos propietarios de sus bienes  inmuebles ubicados en el barrio Boer, costado este de la “Casa del Obrero”, detrás de los “Tayacanes” que por orden de Rosario Murillo desalojaran las propiedades o se atuviera a las consecuencias y efectivamente en el periodo de septiembre a noviembre del mismo año desalojaron por la fuerza a los que se resistían a dejar sus propiedades”, reza parte de la denuncia enviada a 100%Noticias.

Los afectados acudieron entonces a la Dirección General Legal de la Alcaldía de Managua, presentando escrituras y documentos de propiedad. Allí, según testimonios, se les confirmó que no recibirían compensación alguna y que cualquier reclamo debía hacerse “donde creyeran que les responderían”, pese al riesgo de represalias. 

Entre septiembre y noviembre de 2025, el régimen ejecutó los desalojos por la fuerza. A quienes se resistieron, les cortaron el servicio de agua potable, cercaron la zona, instalaron vigilancia policial permanente y llevaron maquinaria pesada para intimidar. Finalmente, las familias abandonaron sus hogares bajo presión y amenazas.

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El área expropiada abarca al menos cuatro manzanas contiguas, con el objetivo de integrarlas a un proyecto habitacional impulsado por el régimen sandinista: los apartamentos Nuevas Victorias. Este proyecto forma parte del plan anunciado por Rosario Murillo en 2023 para “repoblar” el antiguo centro de Managua, prometiendo la construcción de 3,000 apartamentos. Dos años después, solo 150 unidades han sido finalizadas.

Los primeros apartamentos, inaugurados en diciembre de 2025 bajo el nombre Roberto Clemente, se venden a precios superiores a los 85,000 dólares. El esquema de financiamiento incluye créditos de hasta 45,000 dólares, cuotas mensuales de alrededor de 380 dólares y una prima inicial de mil dólares, cifras inalcanzables para las familias desalojadas. Pese a su alto costo, el proyecto no encaja en los programas de vivienda social financiados por el BCIE, y no existe información pública sobre licitaciones para las nuevas fases en terrenos expropiados.

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Antes del desalojo, el barrio Bóer albergaba una pequeña calle comercial con comiderías, bares, talleres, una cerrajería y una oficina de publicidad. Hoy, la zona está desierta.

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