Nicaragua: 9 de cada 10 personas se sienten inseguras en el país

La seguridad ciudadana en Nicaragua ha sido desplazada por un sistema de vigilancia física y digital generalizada, en el que el vecino se convierte en informante y el Estado prioriza el control político por encima de la protección de la población, según revela una reciente encuesta de Hagamos Democracia sobre percepción de inseguridad y vigilancia.

Los resultados muestran un profundo deterioro de la seguridad pública, ya que según el estudio "Más de 9 de cada 10 nicaragüenses se sienten inseguros en el país", mientras crece la percepción de que la criminalidad va en aumento y que las instituciones encargadas de combatirla han sido relegadas para tareas de espionaje y represión.

Ante la pregunta sobre la percepción de la inseguridad en el país, el 63.7 % de los encuestados considera que la criminalidad ha aumentado, el 36.1 % cree que se mantiene igual y apenas el 0.20 % opina que ha disminuido. Este dato, prácticamente idéntico al del trimestre anterior, confirma que la situación de seguridad ciudadana continúa deteriorándose.

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Entre los delitos más mencionados por la población destacan el robo (75.62 %), los asesinatos (7.46 %), el hurto (6.97 %), el acoso callejero (4.48 %) y los femicidios (2.74 %). Estos datos refuerzan la percepción de que la criminalidad sigue afectando la vida cotidiana sin una respuesta efectiva del Estado.

Lejos de enfocarse en frenar el delito, el aparato de seguridad aparece concentrado en vigilar, controlar y reprimir. La encuesta revela que el 85.6 % de los consultados ha detectado algún tipo de vigilancia en su entorno.

“Quienes dicen haber detectado vigilancia en su entorno, estos son los actores que identifican como perpetradores de dicha vigilancia: Autor de la vigilancia Frecuencia de identificación CLS 45.80% Paramilitares 29% Policía Nacional 23.20% Otros 2% Estos datos indican de manera alarmante, que la mayoría de los consultados tiene la percepción que la mayor parte de la vigilancia es llevada a cabo por sus vecinos que pertenecen a los CLS, seguido por Policía Nacional y Paramilitares en casi igual proporción”, revela el estudio.

La vigilancia no se limita al espacio físico. Un 35.6 % de los encuestados afirma haber detectado vigilancia digital en redes sociales, correos electrónicos o servicios de telefonía.

as formas más comunes de monitoreo digital incluyen amenazas y hostigamiento en redes sociales (45.90 %), alertas de seguridad por intentos de hackeo (34.20 %) y perfiles falsos que solicitan información privada (19.90 %).

Según el informe, esta situación evidencia una normalización de la vigilancia digital, que no solo vulnera la privacidad individual, sino que también genera un clima de intimidación orientado a inhibir la expresión crítica y la participación ciudadana.

El estudio advierte que este escenario podría agravarse con la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, aprobada en el último trimestre de 2025, que amplía las facultades del Estado para controlar las comunicaciones.

En conclusión, los datos reflejan que el régimen ha sustituido la seguridad ciudadana por un modelo de vigilancia absoluta, donde el control social avanza mientras la criminalidad persiste, dejando a la población más vigilada, pero no más segura.