Salida de monjas capuchinas deja desprotegidas a comunidades vulnerables del norte de Nicaragua

La salida forzada de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia de Totogalpa y otras zonas del norte de Nicaragua ha dejado una profunda herida pastoral, social y humana en comunidades empobrecidas, mayoritariamente indígenas, que durante más de tres décadas encontraron en las religiosas un pilar espiritual y de acompañamiento social.

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza el asedio, la coacción y la extorsión como mecanismos para forzar la salida de misiones católicas del país, sacrificando el bienestar de los más pobres en favor del control político total.

“La comunidad católica de Ocotal y su periferia guardan silencio, pero todos conocen la verdad: la vigilancia y asedios constantes de miembros de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior a sacerdotes y monjas es permanente. Obligan a cerrar páginas de redes sociales que evangelizan, cancelaciones de proyectos sociales para recaudar fondos para hogares de ancianos y ahora las hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia terminan ‘su presencia pastoral’”, denunció Molina.

La abogada subrayó que la salida de las congregaciones no responde a decisiones libres.
“Lo dije una vez y lo repito. Las congregaciones religiosas están siendo acosadas y varias de ellas coaccionadas y extorsionadas. Algunas ceden ante las amenazas y otras no tienen capacidad de hacerlo y se ven OBLIGADAS a cerrar ‘su presencia pastoral’, no porque quieran sino porque cuando tienes una amenaza de por medio cualquier respuesta será positiva al agresor”, afirmó.

Molina agregó que, aun cuando posteriormente se recurra a explicaciones “políticamente correctas”, la realidad es inocultable. “Aunque después recurran a la forma ‘políticamente correcta’ para explicar que el sol en algunas ocasiones se puede tapar con un dedo”, sostuvo.

Las religiosas informaron en un comunicado divulgado el sábado 24 de enero de 2026 que ponían fin a su presencia pastoral en Nicaragua, señalando que los objetivos que motivaron su misión “se han cumplido”. Indicaron que el mensaje se difundió para aclarar el cierre de su labor en Totogalpa, “ante información falsa que circula en redes sociales”. Ese mismo día, según se conoció, la decisión les fue comunicada oficialmente durante una reunión en la casa pastoral de la parroquia Santa María Magdalena.

Sin embargo, distintas fuentes y denuncias apuntan a que la verdadera causa de su salida fue la presión sostenida, la vigilancia policial y un ultimátum recibido desde el año pasado, que terminó por obligarlas a abandonar el país.

Durante más de 30 años, las hermanas sostuvieron la vida espiritual de las comunidades chorotegas, especialmente en periodos en los que no hubo sacerdote residente. Se encargaron de la catequesis, la formación de líderes laicos y el resguardo del templo parroquial, declarado Patrimonio Histórico Cultural de Nicaragua.

Además, desarrollaron un amplio trabajo social, acompañando a familias rurales, atendiendo emergencias como las provocadas por el huracán Mitch en 1998, impulsando una casa materna y colaborando con Cáritas Diocesana en proyectos de asistencia a poblaciones empobrecidas, sin distinción política o religiosa.

Por temor a una eventual confiscación, las religiosas se vieron obligadas a vender a bajo precio la camioneta que utilizaban para su labor pastoral, un vehículo donado originalmente por la embajada de Estados Unidos. Actualmente, se encuentran regalando sus pertenencias y despidiéndose de la casa que durante años fue espacio de oración y acogida, según denunció el periodista Miguel Mendoza.

“Gracias, hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia por más de 30 años de acompañar al pueblo de Totogalpa. Ellos sin duda son quienes sufrirán su ausencia porque el Estado y sus políticas públicas, como ustedes bien conocen, serán incapaces de resolver sus necesidades, y ya no hablemos de los requerimientos espirituales”, expresó Molina.

“Algún día seremos libres y ustedes podrán gozar nuevamente de la tranquilidad con la que vivían antes de que esta dictadura criminal las llevara a tomar su ‘discernimiento congregacional’. Ojalá que la dictadura asesina, criminal y vulneradora de derechos humanos no confisque y profane la propiedad que por muchos años sirvió como la casa de Dios”, añadió.

Más de 17.000 habitantes de Totogalpa, en su mayoría indígenas, han expresado consternación por lo que consideran una “herida pastoral, humana y espiritual”. En redes sociales, pobladores lamentaron la salida de las religiosas y señalaron que se trata de uno de los municipios con mayores niveles de pobreza del país.

Como antecedente, se recuerda que en 2017 la propia Rosario Murillo felicitó públicamente a la congregación por sus 25 años de trabajo misionero en Nicaragua.

La expulsión de las Terciarias Capuchinas se suma a una larga lista de congregaciones religiosas expulsadas o disueltas en los últimos años. En 2023, el régimen canceló la personería jurídica de la Asociación de Hermanas Clarisas Franciscanas y de otros grupos religiosos. Varias órdenes han sido expulsadas parcial o totalmente, especialmente tras las elecciones de noviembre de 2021.

En el actual contexto de persecución contra la Iglesia católica, las religiosas serán trasladadas a Guatemala, mientras Nicaragua continúa siendo señalada como uno de los países con mayor persecución religiosa en el mundo con más de 19 mil agresiones contra cristianos, con registros desde 2018 que incluyen detenciones arbitrarias, confiscaciones, cierres de templos, escuelas, universidades y asilos de ancianos.