Régimen Ortega Murillo ordena nuevos feriados nacionales, dos serán en febrero

Este viernes, la codictadora de Nicaragua, Rosario Murillo informó que el régimen de Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una propuesta de ley para declarar cuatro fechas como feriados nacionales, comprendidas entre el 18 de enero y el 8 de noviembre.

“Nuestro comandante ha enviado a la Asamblea Nacional la propuesta de celebrar varias fechas como días o feriados nacionales empezando por el 18 de enero nuestro Rubén, el 21 de febrero nuestro general, el 8 de noviembre el comandante Carlos y el 2 de febrero que sería después del 18 de enero el día nacional de la Reconciliación y la paz celebrando la vida y el legado del cardenal Miguel Obando y Bravo en su centenario”, afirmó Murillo.

Según explicó la vocera del régimen, la primera fecha propuesta es el 18 de enero, día en que Nicaragua celebraría el natalicio del poeta Rubén Darío, considerado el “Príncipe de las Letras Castellanas”.

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Otra de las fechas incluidas es el 2 de febrero, que sería declarado Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, en conmemoración del centenario del nacimiento del cardenal Miguel Obando y Bravo.

Asimismo, el 21 de febrero se establecería como día de conmemoración del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, figura histórica de la lucha por la soberanía nacional.

Finalmente, el 8 de noviembre se declararía feriado nacional para recordar el tránsito a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Más feriados en un país con crisis económica

La propuesta se suma a una serie de decisiones políticas simbólicas impulsadas por el régimen, en un contexto marcado por la crisis económica, el deterioro del empleo formal y el cuestionamiento internacional por violaciones a los derechos humanos.

Hasta ahora, Murillo no precisó si estos feriados serán obligatorios para el sector público y privado, ni si implicarán suspensión de labores o compensaciones salariales, aspectos que deberán ser definidos por la Asamblea Nacional una vez aprobada la ley.

Con la mayoría absoluta del sandinismo en el Parlamento, la iniciativa no enfrenta obstáculos legislativos, por lo que se espera su aprobación en trámite acelerado, como ha ocurrido con otras reformas promovidas desde el Ejecutivo.