Actuación del Ejército frente a la minería ilegal es “ambigua” y sin impacto real, según ambientalista

El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, cuestionó con dureza la actuación del Ejército de Nicaragua frente al avance de la minería ilegal, al considerar que no existen acciones reales de fondo para detener esta actividad, pese a que las propias autoridades militares reconocen su ilegalidad.

En declaraciones a 100% NOTICIAS, Ruiz afirmó que el mensaje del Ejército resulta contradictorio, ya que tardan más en detener que en liberar a quienes participan en la minería ilegal.

“Es complejo entender lo que está haciendo el Ejército porque, en primer lugar, ellos saben que la minería está activa dentro de áreas protegidas y que es ilegal, y lo reconocen como tal en su comunicado”, señaló.

Sin embargo, subrayó que no se ataca el núcleo del problema. “No han desalojado a las personas que están, por ejemplo, en Las Cruces, en un campamento donde hay más de 4,000 personas realizando esta actividad ilegal; es decir, no han tomado acciones para detener el avance de la minería ilegal”, denunció.

Ruiz recordó que este patrón no es nuevo. “Desde que inició la actividad minera en la zona caribeña y en la zona de Indio Maíz, se reportan estas detenciones: detienen, decomisan, pero luego sueltan. Es decir, las personas al final quedan libres”, afirmó.

A su juicio, este proceder vuelve inocuas las operaciones militares. “Al final no estás haciendo nada, no estás deteniendo realmente o efectivamente la minería”, agregó.

El ambientalista cuestionó además la lógica de decomisar y liberar. “No se entiende por qué decomisan para luego dejarlos libres, y obviamente no combaten la actividad minera de manera eficiente, deteniendo a la gente que desarrolla esta actividad en puntos ilegales”, sostuvo.

Ruiz insistió en que el Ejército evita enfrentar el principal foco de la minería ilegal.

“No atienden el problema de manera efectiva, que es el punto de Las Cruces, donde está el campamento; no lo cierran, no hay desalojo ni detención de los ciudadanos que están actuando de forma ilegal”, enfatizó.

“Decomisan, retienen a la gente y luego la sueltan. Tampoco están deteniendo a quienes cometen estos delitos. No se entiende realmente el actuar del Ejército en esta materia; es muy ambigua”, concluyó.

El informe operativo del Ejército

El análisis de Ruiz surge tras la primera nota informativa del año del Ejército, la N.º 001/2026, que detalla actividades operativas realizadas del 1 al 12 de enero de 2026 por el Destacamento Militar Sur en los municipios de El Castillo y San Juan de Nicaragua, departamento de Río San Juan.

Según el informe, en la comunidad Caño Pani Crick, a seis kilómetros del Puesto Militar Fronterizo de San Juan de Nicaragua, fueron retenidos los ciudadanos Marcial Estrada Romero, Eliseo Ariel Obando Suárez y Norvin Álvarez Díaz, quienes trasladaban ilegalmente dos armas de fuego de uso civil, 48 proyectiles y dos radios portátiles, a bordo de una embarcación con motor fuera de borda.

El Ejército también informó que en las comunidades Las Vegas, El Sarnoso y El Vivero fueron retenidos Hernaldo René Sánchez Halleslevens, Jarixsa Isabel Martínez Rocha, Luis Manuel González Valle, José Mateo López y Anderson René Álvarez Loredo, quienes trasladaban medios destinados a labores de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Asimismo, en la comunidad Las Conchitas se retuvo a Justo Elías Obando, Freddy Rito Sánchez López y José Manuel Pérez Sequeira, quienes ingresaron al país por un paso no habilitado desde Costa Rica, transportando equipos destinados a la misma actividad minera ilegal en Indio Maíz.

El informe agrega que en El Vivero fueron retenidos Lester Manuel Benavidez y José Fabio Saballos Parrales, quienes también ingresaron desde Costa Rica por un paso no habilitado, trasladando mercadería de contrabando en una embarcación con motor fuera de borda.

Reportes del Departamento de Estado de EE. UU. como el "Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 2025 de la Oficina de Asuntos Internacionales de narcóticos y aplicación de la ley" han señalado vulnerabilidades en Nicaragua relacionadas con narcotráfico, contrabando de oro y corrupción del sector minero y de exportación, señalando que el país sigue siendo explotado por redes transnacionales y actividades ilícitas.

Según el Ejército, los retenidos, las armas, la mercadería y los medios ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes. Sin embargo, como advierte Amaru Ruiz, la liberación posterior de los implicados y la falta de desalojos masivos deja intacto el avance de la minería ilegal en áreas protegidas.