Accionista mayoritario de Yota denuncia confiscación y alista arbitraje internacional

Año y medio después de la intervención del 24 de junio de 2024, Ashur Ushanov, accionista mayoritario de Yota de Nicaragua S.A. a través de Oromax Co Limited, afirma que la empresa fue objeto de una operación planificada para arrebatar el control corporativo y apropiarse de su participación del 75%. En una carta dirigida al equipo de Yota, Ushanov sostiene que lo ocurrido no fue un simple conflicto societario, sino una confiscación de hecho ejecutada mediante una combinación de bloqueo interno, decisiones judiciales y una administración impuesta que, según su versión, terminó facilitando el saqueo de activos y fondos de la compañía.

El inversionista asegura que ya reunió documentación y evidencia para llevar el caso a arbitraje internacional, y que cuenta con confirmación de sus abogados para proceder. Su denuncia describe un patrón: primero, asfixiar a la empresa impidiendo inversiones y planes de expansión; luego, ejecutar la intervención en el momento “perfecto”, cuando él estaba fuera del país y sin posibilidad de impedirla.

Una intervención fuera del país y una “traición interna”

Según el relato, la intervención del 24 de junio de 2024 se ejecutó mientras Ushanov no se encontraba en Nicaragua. Afirma que la operación se planificó para aprovechar su ausencia y que no habría podido consumarse sin colaboración interna, señalando directamente a la entonces gerente del Departamento Legal, Evess Yasmín Ruiz García, como pieza clave en la filtración de información y coordinación con el grupo que atribuye al accionista minoritario Telnicsa.

En su versión, el objetivo nunca fue únicamente administrar la empresa por una disputa judicial, sino tomar control operativo y posteriormente avanzar hacia la apropiación del paquete accionario mayoritario. Ushanov sostiene que, tras la intervención, además de perder acceso a sistemas corporativos, fue objeto de medidas que le impidieron retornar al país, incluyendo la revocación de su residencia y la negación de ingreso, lo que, según afirma, fue determinante para que la intervención se consolida sin resistencia.

Cómo se construyó Yota y por qué acusa un bloqueo sistemático

Ushanov describe a Yota como una empresa fundada en 2009, impulsada únicamente con capital de Oromax, y asegura que el socio nicaragüense no aportó inversión inicial. En su carta, afirma que la inversión total se mide en decenas de millones de dólares y que el acuerdo original entregó 25% al socio local a cambio del “derecho de operar”, mientras Oromax financiaba la construcción de infraestructura y el cumplimiento regulatorio.

El denunciante sostiene que Yota tuvo potencial, pero que no alcanzó rentabilidad plena debido, en parte, a un bloqueo sostenido del socio minoritario: negativa a aprobar planes, proyectos y inversiones clave para mantenimiento y crecimiento de red. A su juicio, ese bloqueo no fue accidental: habría buscado empujar a la empresa hacia un punto de fragilidad que permitiera intervenirla y absorberla.

Un componente central de la denuncia es el esquema de proveedores intermediarios. Ushanov sostiene que, en la fase inicial, en lugar de contratar directamente con ENATREL, se impuso un intermediario llamado Nicaphone. Según su carta, Yota terminó pagando más de 3 millones de dólares a Nicaphone entre 2009 y 2018 por servicios asociados a infraestructura y conectividad.

Luego, afirma que Nicaphone “desaparece” y empiezan a llegar facturas de Mundo Digital por el mismo servicio, sin que se formalizara un contrato ni se transparentara un traspaso. El denunciante indica que la empresa dejó de pagar al considerar que se trataba de cobros sin sustento contractual y sin prestación real. Tras esa negativa, asegura que se pasó del “juego sucio” al sabotaje: la desconexión de energía de una estación base que afectó a unos 2,500 clientes y arrastró a otras estaciones del anillo.

Ushanov afirma que en ese período se intentó elevar quejas ante TELCOR y otras autoridades, sin acciones correctivas, y que finalmente se buscó formalizar el servicio directamente con ENATREL.

La demanda de Mundo Digital y el giro hacia el embargo administrativo

En su relato, Mundo Digital demandó a Yota apoyándose en facturas por servicios que, según él, nunca prestó, y ganó el juicio en Nicaragua. Sostiene que la estrategia judicial se apoyó en demostrar una relación comercial previa con Mundo Digital, pero por un servicio distinto: cobro de comisiones de pagos de clientes en tiendas. Ushanov admite que no se litigó con la fuerza que el caso requería, pues esperaba una solución política o corporativa entre socios, y afirma que en el sistema judicial local no existían posibilidades reales de triunfo contra actores con poder.

El punto que subraya como decisivo es el cambio de jugada: en lugar de un embargo financiero que pudiera resolverse con un pago o negociación rápida, se sustituyó por un embargo administrativo y una administración judicial prolongada. En su carta, cuestiona por qué se otorgaron facultades por 24 meses para cobrar una suma que, a su juicio, podría haberse resuelto en semanas.

Administrador judicial y acusaciones de saqueo: salarios, viáticos y viajes

Ushanov centra su denuncia en el rol del administrador judicial Alan Enrique Abarca Mendoza. Asegura que su nombramiento carece de imparcialidad por supuestos vínculos con la parte demandante y que, en la práctica, se utilizó el cargo para desmontar controles internos y habilitar pagos y gastos que no responderían al objetivo de cancelar una deuda específica.

Entre los elementos que destaca, afirma que al salario mensual asignado se añadieron viáticos fijos por 3,000 dólares al mes sin autorización judicial clara, y que se realizaron gastos personales y viajes al exterior con fondos corporativos, además de compras de equipos y asignaciones de recursos de la empresa. También señala pagos a abogados y supuestos servicios profesionales vinculados a la estrategia legal posterior, incluyendo la elaboración de documentación que describe como parte de una operación coordinada.

El denunciante sostiene que, mientras se pagaban montos mensuales a la supuesta deuda, se acumulaban pasivos con proveedores estratégicos y se incrementaba la fragilidad financiera de la compañía. En su relato, ese patrón apuntaría a un propósito mayor: vaciar la empresa y crear condiciones para una confiscación total.

La falsificación de su “desaparición” y el expediente de evidencia

Ushanov afirma que se fabricó una narrativa para justificar decisiones judiciales y administrativas en su contra, incluyendo una supuesta “desaparición” desde marzo de 2024. Señala que existen correos, documentos y actos corporativos posteriores que, en su versión, contradicen esa narrativa, y describe comunicaciones internas donde se solicitó la elaboración de constancias con fechas específicas. Sostiene que esos elementos forman parte de la evidencia acumulada para sustentar que la intervención no fue un procedimiento neutral, sino una operación concertada.

Además, asegura que sus pertenencias personales fueron saqueadas tras la intervención, sin inventario ni devolución, bajo la estructura administrativa impuesta. En la carta, el inversionista advierte que empleados y funcionarios que participaron activamente en actos que califica como fraude podrían quedar expuestos en un proceso internacional.

Arbitraje internacional: el siguiente paso y el monto del reclamo

Ushanov afirma que su estrategia principal ya no depende de instancias locales. Su carta indica que el caso se encamina a un arbitraje internacional, invocando un tratado bilateral de inversión entre Rusia y Nicaragua, con intención de presentar un aviso de arbitraje ante el CIADI y notificar a instituciones estatales. El monto del reclamo, según su versión, supera los 90 millones de dólares, calculado sobre inversiones, lucro cesante por años de bloqueo, intervención y confiscación de hecho, y uso no autorizado de la marca Yota, que asegura pertenece a Oromax.

El denunciante también plantea que la situación trasciende lo corporativo y se inserta en un patrón de riesgos para la inversión extranjera: uso de estructuras regulatorias, judiciales y administrativas para apropiación de activos y control empresarial. En su carta, afirma haber informado el caso a actores fuera del país, como parte de una estrategia para elevar el costo internacional de lo ocurrido.

Impacto interno: empleados, proveedores y el deterioro del negocio

En su mensaje, Ushanov sostiene que la empresa retrocedió en ingresos y capacidad operativa desde la intervención, y que la administración actual habría deteriorado en meses lo construido durante más de una década. También afirma que Yota generaba empleo directo e indirecto para cientos de familias y aportaba impuestos, seguridad social y pagos regulatorios, por lo que describe la intervención como una decisión que, además de afectar a un inversionista, golpea a trabajadores, proveedores y usuarios.

La carta cierra con una advertencia dirigida al personal: cada empleado tiene su realidad y necesidades, pero quienes participen activamente en actos ilícitos, según el denunciante, podrían quedar identificados con nombre, fechas y montos en un proceso internacional. Su promesa es clara: avanzar en el arbitraje para reclamar lo que considera una confiscación de inversión extranjera desde adentro.