Ejército ocupa más de siete millones de córdobas en El Castillo, Río San Juan

El Ejército en Nicaragua informó que incautó más de siete millones de córdobas y diversos materiales vinculados a actividades de minería ilegal en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan, según un comunicado publicado ayer martes 09 de diciembre.

El Destacamento Militar Sur detalló que entre el 2 y el 7 de diciembre se realizaron “servicios operativos”.

“En el embarcadero del municipio (El Castillo), se retuvo al ciudadano nicaragüense Carlos Antonio Moreira Rocha, a quien se le ocupó C$7,263,000 (siete millones, doscientos sesenta y tres mil córdobas nicaragüenses), los cuales no justificó su procedencia, violentando las leyes establecidas en el país”, se lee en el documento oficial.

La institución también informó de la ocupación de herramientas y combustible presuntamente destinados a actividades ilegales dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, una de las áreas de mayor biodiversidad de Centroamérica.

“...Se ocupó 1 rotomartillo y 2 mazos, los que eran trasladados en una embarcación y pretendían ser empleados en labores de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz”, sostuvieron.

Además, se retuvo a Eltom Abiezer Taisigue y Dixon José Méndez Hernández, quienes transportaban 72 galones de gasolina en una lancha con motor fuera de borda. Según el comunicado, el combustible “pretendía ser utilizado en labores de minería ilegal dentro de la Reserva”.

Aunque en la nota de prensa el Ejército insiste en que actúa en defensa del territorio, organizaciones ambientalistas advierten que estas operaciones ocurren en un contexto contradictorio: mientras se presentan acciones en contra de la minería ilegal, el régimen de Ortega-Murillo entrega concesiones mineras dentro de zonas protegidas.

Solo en noviembre, el régimen otorgó tres concesiones mineras a la empresa china Thomas Metal S.A., en la Reserva Biológica Indio Maíz, en el territorio indígena Rama-Kriol, y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan.

Estas concesiones abarcan 108.464 hectáreas, mientras ecologistas denuncian una “expansión extractiva agresiva”, sin precedentes en la región fronteriza.