Régimen ordena a familiares entregar protocolos notariales de abogados exiliados o fallecidos

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanza en el cierre definitivo de la autonomía notarial en Nicaragua.

A través de una nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada por el oficialismo, ordenó que en un plazo perentorio de 90 días los familiares de abogados y notarios fallecidos, suspendidos o que se encuentren fuera del país entreguen todos los protocolos, sellos, carnet y libros notariales que estén bajo su custodia.

La orden, emitida mediante una circular interna, instruye que los documentos deben ser entregados en la oficina de recepción de escritos (Ordice) en Managua. Los familiares deberán presentar cédula de identidad, acreditar el parentesco y aportar información de contacto del abogado que se encuentra fuera del país.

La CSJ exige un inventario minucioso que incluya el número de cada protocolo, libros, año, cantidad de escrituras o actas elaboradas, folios y tomos. En el caso de los notarios fallecidos, se deberá presentar el acta de defunción en original y copia.

La circular advierte que la disposición es obligatoria y que quienes no cumplan enfrentarán efectos legales, lo que analistas interpretan como amenazas directas de procesos penales contra familiares o custodios.

Además, la CSJ dejó sin efecto todas las autorizaciones previas de guarda y custodia emitidas antes de esta orden.

La medida se ampara en el artículo 54, numeral 5, de la Ley 1,250, Ley de Carrera Judicial, aprobada este año, que otorga a la Dirección de Regulación, Supervisión y Control de Abogados y Notarios la facultad de custodiar los protocolos de notarios fallecidos, suspendidos o fuera del país.

La decisión tendría un trasfondo político y busca centralizar por completo el control documental en manos del régimen.

Con esta disposición, cualquier persona que requiera una copia certificada de una escritura antigua ya no podrá acudir a un notario sustituto o custodio, como establecía la práctica tradicional: solo la Corte Suprema podrá emitirla, lo que juristas consideran una forma de vigilancia absoluta sobre transacciones privadas y patrimoniales.

Otra ofensiva contra abogados

La medida, que ya es calificada como una confiscación masiva de protocolos, se suma a una serie de agresiones contra la independencia legal en Nicaragua.

En 2023, el régimen anuló los títulos de 26 abogados que eran considerados opositores o defensores de derechos humanos.

Expertos advierten que esta nueva medida permitirá al régimen acceder sin límites a documentos que reflejan propiedades, testamentos, ventas, poderes y movimientos patrimoniales, ampliando su control sobre los bienes de ciudadanos, opositores y exiliados.