Policía sandinista niega ebriedad de “La Juan Pablo” pese a video viral

La policía sandinista emitió este miércoles 5 de noviembre una nota de prensa en la que asegura que el tiktoker nicaragüense Juan Pablo Mexicano Aguilar, conocido como “La Juan Pablo”, no se encontraba bajo efectos del alcohol durante el accidente de tránsito ocurrido la madrugada del lunes 3 de noviembre en la rotonda Centroamérica de Managua.

El comunicado oficial, emitido tres días después del suceso, señala que el incidente se produjo a las 4:00 de la mañana cuando el vehículo, una camioneta blanca placa M 418 551, perdió el control tras realizar un giro indebido e impactó contra una valla metálica, “resultando únicamente en daños materiales”.

La institución policial asegura que se practicó la prueba de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue “negativo a estado de ebriedad”, y que tanto Mexicano como sus acompañantes —Emanuel Antonio Mendoza Ruiz, de 18 años, y Milton Leonardo Roque Castillo, de 23— fueron trasladados a un hospital donde recibieron atención médica por lesiones leves.

Sin embargo, recientemente salió a la luz un video que muestra a La Juan Pablo, tambaleante y escondido entre matorrales tras el accidente que protagonizó en Managua. Las imágenes, difundidas por el periodista Miguel Mendoza, fueron grabadas por un ciudadano que se encontraba cerca del paso a desnivel de la Colonia Centroamérica, donde ocurrió el choque.

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En el video se aprecia al influencer con claros signos de ebriedad, con dificultad para mantenerse en pie y tratando de ocultarse entre la vegetación después de abandonar su vehículo completamente destruido.

La versión oficial ha sido recibida con incredulidad y burlas en redes sociales, donde numerosos usuarios señalan que videos difundidos desde el lugar del accidente muestran botellas de licor dentro del vehículo, así como evidencias de que el influencer habría huido de la escena antes de la llegada de las autoridades.

Videos contradicen la versión oficial

Las grabaciones compartidas por testigos en redes —algunas publicadas pocas horas después del choque— muestran la camioneta completamente destruida, botellas de alcohol dispersas en el suelo y la ausencia de su conductor.

Pese a esas imágenes, la Policía sandinista tardó más de 72 horas en emitir una declaración pública y lo hizo minimizando el hecho a un “accidente con daños materiales”, una respuesta que ha sido interpretada por la ciudadanía como un intento de proteger a un influencer cercano a medios oficialistas.

Incluso el canal 13 oficialista lo criticó

Antes de conocerse el comunicado policial, el propio Canal 13, controlado por los hijos de los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, transmitió declaraciones del creador de contenido negando haber conducido bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, uno de los presentadores del canal cuestionó abiertamente la conducta del influencer, recordando que huir del lugar del accidente constituye un delito bajo la Ley 431 de Tránsito.

“Huir de un accidente es un delito contemplado en la ley 431, específicamente en el artículo que obliga a los conductores a permanecer en el lugar y auxiliar a las víctimas. Abandonar la escena, especialmente si hay lesionados, puede agravar las consecuencias penales para el conductor”, afirmó el comentarista en televisión nacional.

El presentador incluso agregó una crítica directa al comportamiento del influencer:

“Si en algún dado caso llegase a ser el conductor Juan Pablo, la pregunta del millón sería: la ley tiene que ser pareja. En Nicaragua las leyes tienen que ser parejas. Cuando uno agarra un automóvil, no es para andar fachenteando por la calle; es una responsabilidad económica y social”.

Un caso que refleja el uso político de la narrativa policial

Este nuevo episodio vuelve a exponer la crisis de credibilidad de la Policía Nacional de Nicaragua, señalada por organismos internacionales por su subordinación política al régimen Ortega-Murillo.

La respuesta tardía, contradictoria y complaciente ante un hecho ampliamente documentado en redes sociales refuerza la percepción de que la institución opera más como brazo propagandístico que como ente de investigación imparcial.

Desde 2018, la Policía sandinista ha sido acusada de manipular informes, encubrir abusos y favorecer a figuras cercanas al círculo gubernamental, mientras aplica con severidad la ley contra opositores o ciudadanos comunes.

El caso de “La Juan Pablo” —que pasó de ser objeto de críticas públicas a beneficiario de una nota de prensa indulgente— se suma a una lista de incidentes que dejan en entredicho la transparencia del sistema judicial y policial nicaragüense.

En un país donde las instituciones estatales actúan con selectividad política, el silencio de tres días y el resultado “negativo” de alcoholemia suenan menos a investigación y más a encubrimiento.