CIDH denuncia invasiones, masacres y pérdida de autogobierno indígena en la Costa Caribe de Nicaragua

Violencia, invasiones y despojo de tierras conforman la dura realidad que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado el 25 de agosto de 2025. El documento advierte que el Estado ha incumplido de forma sistemática sus obligaciones internacionales de protección, lo que ha dejado en situación de extrema vulnerabilidad a las comunidades que habitan esta región.

Desde hace más de una década, las comunidades indígenas y afrodescendientes vienen denunciando una expansión territorial de colonos que ingresan armados a sus territorios para establecer fincas ganaderas, sembrar cultivos o explotar madera y minerales. La CIDH establece que este fenómeno no es aislado ni espontáneo, sino resultado de una colonización interna tolerada e incluso favorecida por la ausencia de medidas estatales efectivas para el saneamiento territorial.

El organismo advierte que el proceso de titulación de tierras, que debía consolidar la seguridad jurídica de los pueblos indígenas, se detuvo antes de completar la etapa de saneamiento. Esto permitió que los colonos mantuvieran o ampliarán su presencia en territorios legalmente reconocidos como indígenas, generando conflictos violentos que han dejado decenas de muertos, desaparecidos y comunidades desplazadas.

Los testimonios recogidos por la CIDH reflejan un ambiente de temor constante. Las comunidades miskitas, mayangnas, ramas, ulwas y afrodescendientes enfrentan amenazas, asesinatos selectivos, secuestros y destrucción de sus viviendas. La falta de presencia estatal, la complicidad de las autoridades locales y la ausencia de justicia agravan la situación. En algunos casos, los ataques han sido perpetrados con armas de alto calibre y en operativos planificados, lo que evidencia una estructura organizada detrás de la violencia.

El informe documenta que los grupos armados de colonos no solo invaden tierras, sino que buscan controlar recursos naturales estratégicos. En los territorios de la Costa Caribe abundan los bosques con madera preciosa, los ríos con potencial minero y las tierras fértiles. La ocupación violenta responde, en muchos casos, a intereses económicos asociados con la expansión de la frontera agrícola y la extracción de recursos sin consulta previa a las comunidades.

La CIDH subraya que la violencia tiene un efecto devastador no solo sobre la vida física, sino también sobre la continuidad cultural de los pueblos indígenas. Las comunidades desplazadas pierden sus espacios sagrados, sus rutas tradicionales de pesca, caza o cultivo, y con ello su identidad colectiva. El desarraigo forzado genera desintegración familiar, pérdida de lenguas y abandono de prácticas ancestrales.

El despojo se extiende también a las formas de organización comunitaria. Los líderes tradicionales que defienden el territorio enfrentan persecución, amenazas y criminalización. Algunos han sido encarcelados por las propias autoridades o forzados al exilio. Otros han sido asesinados sin que se hayan abierto investigaciones efectivas. Esta violencia selectiva busca debilitar las estructuras de resistencia y facilitar el control del territorio por actores externos.

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La CIDH describe este proceso como una forma de “colonización interna”, mediante la cual se promueve un modelo de desarrollo ajeno a los valores culturales y ambientales de las comunidades. La expansión ganadera, la deforestación y los proyectos extractivos avanzan sobre territorios comunales sin consulta ni consentimiento. En este contexto, el Estado aparece no como garante, sino como ausente o cómplice.

El documento señala que la impunidad es uno de los factores más graves. A pesar de las múltiples denuncias presentadas ante las autoridades judiciales, la mayoría de los casos de asesinatos y agresiones permanecen sin investigación. Las familias de las víctimas no reciben justicia ni reparación. En ocasiones, las instituciones estatales han negado la existencia misma de los ataques, deslegitimando los testimonios comunitarios.

La CIDH destaca que esta situación vulnera directamente el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la propia Constitución de Nicaragua, que reconoce el carácter multiétnico del país. Sin embargo, el Estado no ha implementado políticas efectivas para garantizar la protección integral de los pueblos originarios.

El organismo también advierte que la militarización parcial de la región no ha significado protección. Por el contrario, algunas comunidades denuncian que los cuerpos de seguridad del Estado han actuado con sesgo, protegiendo a los colonos o intimidando a los líderes indígenas. En varios territorios, las comunidades prefieren organizar rondas internas de vigilancia antes que solicitar auxilio policial, por temor a represalias o a la indiferencia oficial.

Las consecuencias de esta violencia estructural son profundas. Decenas de comunidades han sido desplazadas y viven ahora en condiciones de extrema precariedad, sin acceso a alimentos, salud ni educación. La pérdida del territorio equivale a la pérdida del sustento y del sentido mismo de pertenencia. Para los pueblos indígenas, el territorio no es un bien material, sino la base de su existencia espiritual y social.

La CIDH alerta que la falta de acción estatal perpetúa un ciclo de despojo y pobreza. Las comunidades que logran resistir enfrentan el deterioro ambiental provocado por la deforestación y la contaminación de los ríos, mientras los colonos continúan expandiendo sus fincas con impunidad. El informe concluye que este escenario constituye una violación continuada de los derechos humanos y una amenaza directa a la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Desmantelamiento del régimen autonómico

El segundo eje del informe aborda el progresivo desmantelamiento del régimen autonómico de la Costa Caribe, una de las conquistas políticas más importantes alcanzadas por los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. La Ley de Autonomía de 1987 había establecido un marco para el autogobierno, la administración de los recursos naturales y la preservación cultural, pero hoy ese sistema se encuentra erosionado por la concentración de poder en manos del Ejecutivo.

La CIDH señala que, bajo la actual estructura política del país, las instituciones autónomas han sido vaciadas de contenido. Las autoridades regionales, comunales y territoriales han sido sustituidas o cooptadas por personas afines al gobierno central. Este proceso, descrito como la “imposición de gobiernos paralelos”, ha reducido la capacidad de las comunidades para tomar decisiones sobre sus propios asuntos.

La sustitución de los líderes legítimos por autoridades designadas políticamente ha generado fracturas internas. Las comunidades que antes elegían a sus representantes mediante asambleas y mecanismos propios ahora enfrentan la imposición de estructuras que responden al partido gobernante. Esta estrategia, según el informe, tiene el doble propósito de controlar políticamente la región y garantizar el acceso sin resistencia a los recursos naturales.

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El régimen autonómico, que debía proteger la diversidad cultural y política de la Costa Caribe, ha sido transformado en una extensión del poder central. Las decisiones sobre proyectos económicos, concesiones mineras, forestales o de infraestructura ya no pasan por los gobiernos comunales ni territoriales, sino que se aprueban desde Managua. Esta concentración de autoridad ha vaciado de sentido la autonomía y ha convertido a las instituciones regionales en meros instrumentos administrativos.

La CIDH destaca que este proceso va acompañado de la criminalización de las voces disidentes. Los líderes que denuncian irregularidades, corrupción o invasiones son objeto de hostigamiento judicial y vigilancia. En varios casos documentados, los representantes legítimos han sido reemplazados mediante resoluciones administrativas emitidas sin consulta, lo que constituye una violación directa a la Ley de Autonomía.

El desmantelamiento del régimen autonómico también afecta la representación política. Los Consejos Regionales Autónomos, creados para garantizar la participación de los pueblos de la Costa Caribe, se encuentran subordinados al Ejecutivo nacional. Sus presupuestos son controlados desde el nivel central, y su margen de acción se limita a aprobar decisiones ya tomadas. La CIDH sostiene que este modelo reproduce una estructura colonial de poder, en la que las regiones autónomas son administradas, pero no gobernadas por sus pueblos.

El informe advierte que esta centralización institucional tiene consecuencias sociales profundas. Al debilitar los mecanismos de autogobierno, las comunidades pierden la capacidad de gestionar sus conflictos, resolver disputas de tierra y aplicar sus normas tradicionales. En consecuencia, los conflictos locales se agravan y quedan sin mediación legítima. La ruptura de la autoridad tradicional favorece el avance de actores externos, incluidos los colonos y empresas privadas.

La imposición de gobiernos paralelos también tiene un efecto simbólico: erosiona la identidad colectiva de los pueblos de la Costa Caribe. El autogobierno no era solo una estructura administrativa, sino una expresión de la cosmovisión comunitaria. Su desaparición significa la pérdida de un instrumento clave para la defensa de la cultura y del territorio.

La CIDH señala que esta política de concentración del poder ha convertido a la autonomía en una ficción legal. Aunque en apariencia se mantienen los marcos institucionales, en la práctica las decisiones se toman sin participación real de los pueblos afectados. La falta de consulta y consentimiento previo en los proyectos extractivos es uno de los ejemplos más claros de esta violación sistemática.

El organismo advierte que el desmantelamiento del régimen autonómico está directamente vinculado con el aumento de la violencia y el despojo territorial. Al eliminar o cooptar las estructuras legítimas de gobierno, el Estado ha debilitado los mecanismos comunitarios de defensa y ha facilitado la expansión de la frontera agrícola, la tala ilegal y la explotación minera. La autonomía, que debía servir como barrera de protección, se ha convertido en una estructura subordinada al poder político central.

El informe concluye que la combinación de violencia, despojo e imposición institucional configura un escenario de grave riesgo para la supervivencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. La CIDH considera que este proceso no solo viola derechos humanos fundamentales, sino que amenaza con destruir el tejido social y cultural que sustenta la existencia misma de esas comunidades.

El organismo recomienda al Estado nicaragüense restablecer el régimen autonómico en su forma original, garantizar el saneamiento de los territorios, investigar de manera efectiva los crímenes cometidos y adoptar políticas de protección integral con participación de las comunidades. También insta a cesar la criminalización de líderes indígenas y a restituir la legitimidad de las autoridades territoriales elegidas por las propias comunidades.

Finalmente, el informe resalta que la autonomía y el territorio son inseparables. No puede haber autogobierno sin tierras seguras, ni territorio sin estructuras legítimas que lo defiendan. El desmantelamiento del régimen autonómico y el despojo territorial son, por tanto, dos caras de un mismo proceso que amenaza con borrar siglos de historia, cultura y resistencia en la Costa Caribe de Nicaragua.