Régimen Ortega-Murillo niega regreso a viajeros nicaragüenses: denuncias de destierro crecen

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa aplicando una política de destierro de facto al negar el ingreso a nicaragüenses que intentan regresar a su país, incluso a quienes cuentan con visa de turista o fueron beneficiarios del parole humanitario en Estados Unidos. La medida, arbitraria y sin sustento legal, ha dejado varados a connacionales en aeropuertos internacionales y en escalas sin posibilidad de volver a Nicaragua.

Este fin de semana, 100% Noticias conoció el caso de una mujer que intentaba retornar tras un viaje a Estados Unidos. Al llegar al aeropuerto, se le prohibió abordar el avión y ni siquiera pudo acceder al correo de notificación, ya que el boleto había sido adquirido por otra persona. El caso fue trasladado al Ministerio del Interior, pero, como ocurre con la mayoría de afectados, no recibió respuesta.

Otro ejemplo corresponde a un ciudadano que viajaba con frecuencia a Estados Unidos para comprar productos y revenderlos en Nicaragua. Al intentar regresar, también le fue negada la entrada al país sin explicación alguna.

El periodista Roberto Antonio Collado denunció que a otra ciudadana le prohibieron ingresar luego de concluir su programa de parole humanitario. “Ella trataba de viajar a Nicaragua y precisamente Avianca le notificó que no podía abordar su embarque y debía comunicarse con el consulado de Nicaragua en Estados Unidos”, relató.

Collado criticó la falta de criterios claros: “Ya tenemos conocimiento de que en otras ocasiones a otros nicaragüenses se les negaba el ingreso y otros fácilmente han podido ingresar”.

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En grupos de consulta en redes sociales abundan denuncias similares. Un usuario expuso: “A mi hermano, la propia aerolínea Avianca le informó que no podía venderle un boleto a Managua porque el gobierno lo tenía en una lista de personas que no podían ingresar al país”.

Destierro de facto como política de Estado

Entre los afectados hay creadores de contenido, empresarios, familiares de presos políticos, sacerdotes, activistas e incluso ciudadanos sin vínculos partidarios. Las aerolíneas notifican por correo que “las autoridades migratorias de Nicaragua no han autorizado su ingreso al país”, sin mayores explicaciones.

Esta práctica, que comenzó en 2021 contra opositores, se ha ampliado desde mediados de 2024 a sectores más diversos de la población. En noviembre de ese mismo año, la Asamblea Nacional aprobó una reforma migratoria que legaliza el destierro de nicaragüenses, otorgando a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) la facultad de decidir quién puede ingresar o salir del país.

El texto permite negar entrada incluso a ciudadanos nacionales que “puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social”. “Es decisión soberana del Estado de Nicaragua, a través de la DGME, autorizar o denegar el ingreso, revocar la permanencia, cancelar la residencia o la nacionalidad adquirida”, justificó Ortega en la exposición de motivos.

La normativa también establece multas a las aerolíneas que trasladen pasajeros con prohibición de entrada y las obliga a asumir el costo del retorno, lo que explica por qué los afectados reciben la notificación directamente de la aerolínea y no de las autoridades nicaragüenses.