Padre Nils condena “robo descarado” del Colegio San José en Jinotepe

El padre Nils de Jesús Hernández, párroco de la iglesia Reina de la Paz en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, condenó la confiscación del Colegio San José de Jinotepe, en Carazo, administrado durante más de 40 años por la Congregación de las Hermanas Josefinas.

En un mensaje difundido el 14 de agosto de 2024 en la cuenta de TikTok de la parroquia, y en vísperas de la fiesta católica de la Asunción de la Virgen María y la celebración de la Gritería Chiquita en León, el sacerdote calificó la acción del régimen Ortega-Murillo como un “robo descarado” y un “acto criminal de lesa humanidad”.

“Oramos por el fin de la dictadura criminal de Murillo y Ortega, quienes siguen oprimiendo al pueblo nicaragüense. Condeno el robo descarado que le hicieron a las Hermanas Josefinas del internado San José, con 40 años de historia y una labor educativa basada en valores cristianos y humanistas”, expresó Hernández.

Acusaciones sin pruebas

La copresidenta Rosario Murillo anunció la expropiación del colegio a través de medios oficiales, acusando —sin presentar pruebas— que en el inmueble se “torturó y asesinó” a militantes sandinistas durante las protestas de abril de 2018.

El centro rebautizado como “Bismarck Martínez”, en honor a un militante sandinista muerto en ese contexto y a quien el oficialismo considera un “símbolo de paz y victorias”.

Murillo sostuvo que el centro “es emblemático de la barbarie y de la lucha digna y victoriosa” contra lo que el régimen denomina “golpismo”.

La Congregación de las Hermanas Josefinas se estableció en Nicaragua en 1915 y, desde entonces, ha trabajado en la educación de niños y niñas bajo principios cristianos y de servicio al prójimo.

El sacerdote Hernández recordó que su labor ha sido siempre de formación moral y académica, y denunció que acusaciones como las emitidas por Murillo representan “un insulto para el pueblo nicaragüense y un intento de borrar décadas de trabajo en favor de la niñez”.

Este no es el primer inmueble religioso expropiado por el régimen Ortega-Murillo. En los últimos años, la dictadura ha confiscado colegios, universidades y propiedades de órdenes religiosas y de la Iglesia católica, acusando a sus líderes de apoyar las manifestaciones opositoras de 2018.