Colegios religiosos en Nicaragua están bajo extorsión y podrían desaparecer, advierte abogada Molina

La confiscación del colegio de monjas San José, en Jinotepe, Carazo —que atendía a unos 600 estudiantes— expone, según la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, una estrategia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para someter a colegios religiosos mediante extorsiones con multas exageradas y, de no ceder, forzarlos al exilio.

“Esta represalia en contra de los colegios religiosos se va a venir desarrollando poco a poco, hoy es el colegio de las josefinas, mañana va a ser otra de las instituciones religiosas… extorsionadas y los colegios religiosos que aceptan esta extorsión, porque quieren seguir con este tipo de educación integral y además el amor al prójimo que desarrollan, van a seguir, pero el resto tendrán que irse del país”, denunció.

Confiscación y rebautizo del colegio de las Josefinas

El martes, Rosario Murillo confirmó la expropiación del colegio San José, de la Congregación Hermanas Josefinas, en Jinotepe, alegando que en el lugar “se torturó y asesinó a compañeros” sandinistas durante las protestas de abril de 2018. El inmueble fue rebautizado como centro educativo Bismarck Martínez, en honor a un militante oficialista, y pasará a ser administrado por el Estado. “Las monjitas no se van a poder llevar absolutamente nada… me imagino que también a ellas, como han sacado a la mayoría de las religiosas, ellas también van a tener que huir del país”, lamentó Molina.

Murillo anunció este miércoles que el centro iniciará clases en los próximos días con la presencia de autoridades locales y familiares del homenajeado, presentándolo como “símbolo de paz y victorias”.

Escalada contra la Iglesia católica y evangélica

Este no es un caso aislado. En enero, el régimen expropió el seminario San Luis Gonzaga (Matagalpa) y el centro de retiro La Cartuja, en medio de la ruptura de relaciones con el Vaticano y una campaña sistemática contra obispos, sacerdotes y procesiones religiosas.

Las iglesias evangélicas también están en la mira. Molina señaló que, aunque existen “mercaderes de la fe” aliados al gobierno, la mayoría de pastores enfrenta condiciones insostenibles: “Me explican la situación precaria que están viviendo, las altas multas que están recibiendo, lo que tienen que pagar por los diezmos… no pueden hacer cambios estructurales en sus templos debido a las multas de la alcaldía, o los impuestos se les incrementan… en algunos lugares donde antes miraban un templo cristiano evangélico ahora es una institución del Estado”.

Adoctrinamiento como política de Estado

Molina denunció que el trasfondo de estas medidas es un plan de adoctrinamiento masivo: “Lo que quieren es cosificar la mente del niño para que vea a Rosario Murillo, a Daniel Ortega y todo su séquito como dioses… no le están enseñando cómo educarse de manera integral para desarrollarse en el futuro por sus habilidades”.

El patrón revelado —confiscación de propiedades, presión económica, expulsión de religiosas y pastores, y control de la educación— confirma, según la jurista, que el régimen ha convertido a la persecución religiosa y al control ideológico en pilares de su permanencia en el poder.