Régimen confisca clínica AMOCSA en Corinto, Chinandega y preparan cierre en León

La clínica previsional AMOCSA, filial Corinto en el departamento de Chinandega, cerró sus puertas este miércoles 30 de julio tras una supuesta decisión de “ordenamiento administrativo”. Sin embargo, múltiples fuentes médicas y pacientes denuncian que el verdadero motivo es una confiscación ejecutada por el régimen de Daniel Ortega como parte de una ofensiva contra las últimas clínicas independientes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en occidente.

El cierre fue oficializado mediante un comunicado firmado por la Junta Operativa Dirección Administrativa de AMOCSA, colocado en la entrada de la clínica: “AMOCSA filial Corinto cerrará sus operaciones permanentes a partir del miércoles 30 de julio de año 2025. Dicha decisión es debido a ordenamiento administrativa con el fin de mantener la adecuada calidad de atención, asimismo dando a conocer que se continuarán las atenciones médicas en la sede AMOCSA Chinandega bajo los mismos estándares y derechos”, reza el texto.

No obstante, pacientes afiliados que intentaron trasladar sus citas a la sede de Chinandega afirmaron que allí tampoco están siendo atendidos. “Llamé, y AMOCSA Chinandega no está atendiendo pacientes”, declaró una fuente bajo anonimato. “Pregunté ‘¿qué hago?’ y me dijeron: ‘vaya a la San Vicente (la previsional del gobierno) o diríjase al INSS’”, relató, evidenciando el abandono institucional de cientos de asegurados.

Un médico que pidió resguardar su identidad confirmó a 100%Noticias que “todo el personal fue despedido y el gobierno confiscó la clínica, llevándose incluso a los pacientes”.

Según testimonios recogidos, la clausura fue ejecutada por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), replicando el mismo patrón represivo ocurrido semanas atrás con el cierre de AMOCSA en Chichigalpa.

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El periodista Bismarck Lebron aseguró que la siguiente en la lista es la clínica AMOCSA León: “AMOCSA, León será clausurada mañana y a partir de hoy se la ha informado a todo el personal. Se cree que esta clínica será confiscada”, informó basándose en fuentes internas.

De concretarse el cierre en León, el régimen consolidaría el desmantelamiento total de las clínicas previsionales independientes en la región occidental del país, dejando el monopolio de los servicios médicos previsionales en manos de SERMESA, empresa manejada por allegados al oficialismo.

La medida representa un duro golpe para los trabajadores asegurados que dependían de estas clínicas. Ahora deberán desplazarse a centros públicos como el Hospital San Vicente, lo que implica costos adicionales, pérdida de tiempo y sobrecarga en los servicios estatales, especialmente para quienes residen en zonas rurales o de difícil acceso.

Organizaciones médicas y empleados del sector han denunciado que el régimen ha desviado fondos públicos del INSS para beneficiar a clínicas afines al oficialismo, como parte de un modelo de administración clientelar que centraliza servicios públicos, elimina opciones independientes y castiga instituciones percibidas como disidentes.

AMOCSA se ganó el reconocimiento público en 2018, durante la represión a las protestas cívicas, al brindar atención médica a manifestantes heridos que fueron rechazados por hospitales públicos por orden del régimen. Desde entonces, ha sido vista como una alternativa profesional y ética frente a la subordinación política del sistema de salud estatal.

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El contexto de esta ofensiva sanitaria también alcanza al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA) de León. Esta semana, el periodista Lebron reveló que la directora Judith Lejarza Vargas, conocida por negar atención a manifestantes heridos en 2018, fue destituida por órdenes superiores:

“Se fue con la cabeza hacia abajo. No le permitieron continuar ni siquiera como médica”, dijo una fuente del hospital. Lejarza fue sustituida por Esmeralda Morales, en un relevo que podría marcar ajustes internos en la red hospitalaria estatal, aunque sin señales de una apertura democrática o mejora en la atención a los asegurados.

Con esta nueva ola de despidos, cierres y confiscaciones, el régimen Ortega-Murillo continúa aplicando una política vengativa y de control absoluto, que avanza sobre los pocos espacios autónomos que quedaban en el sistema previsional de salud.