Policía en Nicaragua impone nuevos límites de velocidad, anuncian nuevas multas

La Policía en Nicaragua, a través de la jefa de la Dirección de Tránsito, comisionada general Vilma Reyes, anunció la implementación de nuevos límites de velocidad en las carreteras del país. 

Sin una reforma de la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito (Ley 431), ya se establecieron nuevas multas de hasta 2,500 córdobas por incumplimiento de los límites de velocidad en Nicaragua.

La comisionada Reyes dijo en el Canal Parlamentario de la Asamblea Nacional, canal 98, que aunque la ley establece 100 kilómetros por hora en carretera, la Policía, en coordinación con el MTI, ya está aplicando un límite máximo de 80 kilómetros por hora. "A más de 80 kilómetros por hora le aplicás el exceso de velocidad (multa)", afirmó Reyes.

Esta acción responde a un plan ordenado por el propio Daniel Ortega en su última comparecencia pública, que busca reducir los límites de velocidad a entre 50 y 60 kilómetros por hora en carretera, como respuesta a la "epidemia de muertes" en las vías. 

Dicho plan aún se encuentra en preparación y deberá pasar por la Asamblea Nacional para reformar la Ley 431, que actualmente rige los límites:

Perímetro urbano (calles y avenidas): 45 km/h ; Zonas escolares, hospitales y áreas densamente pobladas: 25 km/h ; Rotondas: 30 km/h; Pistas: 60 km/h; Carreteras: 100 km/h.

Fines recaudatorios

Aunque el dictador Daniel Ortega ha insistido en que el objetivo de estas medidas es salvaguardar vidas, tanto conductores como sectores de la oposición expresan un fuerte escepticismo, señalando un marcado interés recaudatorio por parte del gobierno. 

Consideran que las medidas no son suficientemente integrales para abordar la complejidad de la siniestralidad vial.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reveló en su informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2025 que el objetivo de recaudación por multas de tránsito para este año se ha fijado en más de 374 millones de córdobas. 

Esto representa un asombroso incremento del 32% respecto a la meta presupuestada para 2024, sugiriendo una política deliberada de intensificación de las sanciones económicas.