Arrasan con el 30% del bosque en el Refugio de Río San Juan por invasiones y venta ilegal de tierras

Una crisis ambiental y política sin precedentes está aniquilando el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan (RVS-RSJ), una de las reservas ecológicas más importantes de Centroamérica. A pesar de que la reserva aún conserva más del 51% de su valioso bosque intacto, un informe de la Fundación del Río revela un alarmante proceso de invasión, venta ilegal de tierras y deforestación acelerada.

Más del 30% de su cobertura boscosa ya ha desaparecido, y la organización denuncia que este desastre es impulsado por secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), todo ello bajo la inacción o presunta complicidad de las instituciones estatales nicaragüenses.

El "Informe de Evaluación RVS-RSJ enero 2025" de la Fundación del Río detalla un drástico cambio del 32% en la cobertura arbórea, resultando en la deforestación de al menos 9,894 hectáreas y la quema de unas 3,866 hectáreas debido a incendios forestales y quemas agrícolas.

“El proceso de invasión hacia el refugio ha sido inducido, promovido y fomentado por operadores políticos locales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo que ha permitido el tráfico ilegal de tierras en la zona, el aumento de al menos el 55% de la infraestructura dentro del refugio y del 49% de la población que se ubica en la zona”, textualiza el informe.

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Desde principios de 2022, se han reportado al menos cuatro olas de invasión, todas orquestadas por estructuras políticas locales del FSLN en municipios como El Castillo y Bluefields.

Valerio López, exfuncionario de la alcaldía de El Castillo, y Gladys Sánchez Mondragón, actual secretaria política del FSLN en el mismo municipio, son señalados por los mismos invasores como los principales promotores. Ellos organizan a personas afines al partido para que se asienten en las tierras del refugio. La dinámica es clara: "realizar las gestiones de aval, buscar interesados y ubicar personas", instando a las nuevas familias a agradecer al "comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo".

Promesas de impunidad y dinero en efectivo

Las personas que llegan al refugio, provenientes de diversas comunidades como Sábalos, Santa Rosa, o municipios como Nueva Guinea, son dirigidas a zonas específicas, como la comprendida entre el río Machado y Los Pantanos, abarcando unas 4,000 manzanas (aproximadamente 2,800 hectáreas). 

A los invasores se les ofrecen parcelas de hasta 50 manzanas (35 hectáreas) por un pago de 15,000 córdobas, ya sea en cuotas o mediante otros arreglos. Se les advierte que no existen documentos legales de las tierras, pero se les asegura que la "única garantía es permanecer en el lugar para que no se las quiten", con la promesa de apoyo del puesto militar. Este dinero, recibido por el coordinador y el político, se supone que se destina a "gestiones" ante las instituciones, aunque sin entregar ningún recibo.

Minería ilegal y saqueo de la biodiversidad

La minería ilegal se ha extendido por al menos 36 kilómetros a lo largo del río San Juan, abriendo caminos hacia la Reserva Indio Maíz y facilitando el tráfico de mercurio, cianuro, drogas y otros insumos para operaciones mineras en Las Cruces y Crucitas, Costa Rica. Además de la contaminación química, la minería actúa como un canal logístico para otras actividades criminales transfronterizas.

El refugio también sufre el saqueo de su fauna y flora, con la extracción y venta ilegal de especies protegidas en Costa Rica, el aumento descontrolado de la comercialización de ganado y el impacto negativo de la pesca deportiva. La opacidad rodea el dragado del río San Juan en sus últimos 30 kilómetros, sin estudios de factibilidad ni impacto ambiental conocidos, lo que genera gran preocupación por posibles daños ambientales y problemas limítrofes.

Inacción estatal y llamado urgente internacional 

La gestión del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) ha sido calificada como críticamente deficiente. Su Plan de Manejo está desactualizado y no se aplica, lo que revela un flagrante incumplimiento de las obligaciones internacionales del refugio. La ausencia de sanciones efectivas para delitos ambientales sugiere una vigilancia nula, a pesar de la presunta presencia de guardabosques.

El Ejército de Nicaragua también ha mostrado una actuación deficiente en la protección ambiental, a pesar de que el refugio es un área protegida y zona fronteriza. Parece existir una conveniencia para el Ejército en la presencia de población en la frontera, utilizándola como estrategia de control y recolección de información, a expensas de la integridad ecológica del refugio.

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La Fundación del Río hace un llamado urgente a las organizaciones internacionales para exigir el cumplimiento de los compromisos ambientales de Nicaragua y a la intervención activa y coordinada de Costa Rica para abordar los graves problemas transfronterizos. La inacción podría llevar a la pérdida irreversible de uno de los ecosistemas más vitales y biodiversos de Centroamérica.