PGR dona al INSS 19 propiedades confiscadas y robadas a opositores nicaragüenses

El régimen de Nicaragua, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), ordenó la "donación" de 19 propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Estos inmuebles, ubicados en los departamentos de Matagalpa, Managua, Masaya, León y una finca en Rivas, fueron confiscados a opositores, empresarios, defensores de derechos humanos, excarcelados políticos, la Iglesia, ONG y periodistas, a quienes el régimen despojó de su nacionalidad y bienes.

Según el acuerdo presidencial 45-2025, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, las primeras 13 propiedades se encuentran registradas en Matagalpa bajo los Números Absolutos de Propiedad (NAP): 1) BI-2KZOHJZP, asientos 6º y 7º; 2) BI-2L00F9QC, asientos 17º y 18º; 3) BI-2L00F5GN, asientos 4º y 5º hasta ser completadas… luego en otros acuerdos detallan los casos de Managua, Masaya, León y Rivas con códigos que solo el régimen comprende y que dificultan que los legítimos propietarios puedan siquiera conocer el estado de sus bienes o reclamen los mismos.

En los 19 casos, el régimen justifica la medida con el argumento de "fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses". No obstante, la transferencia de estos bienes al INSS se llevó a cabo mediante cinco acuerdos presidenciales (del 45-2025 al 49-2025), segmentados por departamento.

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La normativa establece que el director del INSS debe presentar ante el Consejo Directivo de la institución la aprobación y aceptación de la donación de estos inmuebles. Asimismo, la Procuradora General de la República queda autorizada para incluir en el contrato de donación las cláusulas que considere necesarias para "salvaguardar los intereses del Estado de Nicaragua".

Además, la procuradora está facultada para ejecutar todos los actos jurídicos, administrativos, judiciales, notariales y registrales necesarios para formalizar la transferencia de estos bienes, conforme a la legislación nacional. "Sirva la Certificación de este Acuerdo, así como el de la Toma de Posesión de la Procuradora General de la República y del presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), como suficientes documentos habilitantes para acreditar sus representaciones", concluye el acuerdo oficial.

Desde el 2018 a la fecha, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa utilizando mecanismos legales para consolidar la confiscación de bienes a sus opositores, ocultando su rastro bajo códigos internos y justificaciones administrativas para encubrir el despojo.

Entre agosto de 2024 y principios de marzo de 2025, la dictadura donó al INSS unos 113 terrenos, de los que oculta datos para evitar reclamos de sus legítimos dueños, según documentó Confidencial.