Sacerdotes nicaragüenses obligados a pedir permiso semanal para celebrar misa

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso un control sin precedentes sobre la Iglesia Católica en Nicaragua. Ahora, obliga a los sacerdotes a presentarse semanalmente ante delegaciones policiales. Allí, deben someterse a fotografías, revelar sus planes de actividades para los próximos siete días y enfrentar interrogatorios, informó AICA.org.

Según el informe Control total: La erradicación de voces independientes en Nicaragua, elaborado por la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW), el régimen instauró un sistema de "vigilancia abierta y encubierta" sobre sacerdotes católicos y pastores evangélicos. 

En este punto, se les impone la obligación de reportarse periódicamente a la Policía, restricciones de movimiento y un monitoreo constante de sus sermones. Además, cada clérigo cuenta con un oficial de vigilancia asignado y tiene prohibido salir de su comunidad sin autorización. 

Según reveló el medio nicaragüense Mosaico, uno de los primeros en recibir esta orden fue el padre Luis Eduardo Benavides, párroco de Nuestra Señora de Fátima en Wiwilí, departamento de Nueva Segovia. 

El 27 de agosto de 2024, agentes dirigidos por el capitán Wilber Montenegro Martínez irrumpieron en su rectoría y le informaron que debía comparecer todos los martes ante la Policía para rendir cuentas sobre su agenda y someterse a interrogatorios. También le prohibieron viajar sin permiso del régimen. "Es una orden de Managua", le dijeron. En las primeras horas del día siguiente, el sacerdote huyó a Honduras.

El informe de CSW documentó que al menos otros nueve sacerdotes recibieron instrucciones similares. En cada caso, la Policía impuso restricciones de movilidad y vigilancia constante como parte de un patrón de intimidación sistemática contra el clero. A algunos se les advirtió que, si no acataban estas medidas, serían arrestados o expulsados del país.

Las restricciones también afectan la libertad de movimiento de otros religiosos, quienes han denunciado amenazas de detención o exilio si desobedecen las órdenes. Además, las procesiones públicas y las actividades de la Iglesia Católica están prohibidas, mientras que las celebraciones dentro de los templos son estrictamente supervisadas.

La represión no se limita a la Iglesia Católica. Líderes evangélicos también han sido arrestados, despojados de sus bienes, proscritos y desnacionalizados. Desde la brutal represión de las protestas ciudadanas en 2018, Nicaragua vive una crisis de derechos humanos que ha impactado severamente la libertad religiosa. La Iglesia Católica, por su respaldo a los manifestantes y sus críticas al régimen, se ha convertido en un blanco constante de ataques.

El informe de CSW documenta 222 violaciones a la libertad religiosa en el último año. Además, el cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro ha afectado a miles de personas, muchas de ellas vinculadas a grupos religiosos. Iglesias protestantes han perdido su personalidad jurídica, y denominaciones como la Iglesia Episcopal y la Iglesia Morava de Nicaragua enfrentan la amenaza de confiscación de sus bienes.

La persecución también ha alcanzado a laicos que colaboran con la Iglesia. En 2024, al menos 46 religiosos fueron detenidos, entre ellos Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, colaboradoras de la Diócesis de Matagalpa. Ambas mujeres están presas desde agosto sin que sus familias tengan información sobre su paradero.

CSW concluye que Nicaragua ha pasado de ser un país donde se respetaba la libertad religiosa a un Estado autoritario que persigue a la Iglesia y silencia cualquier forma de oposición.