Juez de Estados Unidos ordena devolver a Minnesota a nicaragüense deportado a República Centroafricana
El juez de distrito Jeffrey M. Bryan, determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe devolver a López González a Minnesota, donde residía antes de ser detenido y deportado. Al regresar, recuperaría, al menos temporalmente, el mismo estatus migratorio que tenía antes de su arresto en enero
Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno de Donald Trump gestionar el regreso inmediato de Kenis López González, un migrante nicaragüense que permanece detenido en la República Centroafricana desde agosto, pese a que no tiene vínculos con ese país.
La resolución fue emitida por el juez de distrito Jeffrey M. Bryan, quien determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe devolver a López González a Minnesota, donde residía antes de ser detenido y deportado. Al regresar, recuperaría, al menos temporalmente, el mismo estatus migratorio que tenía antes de su arresto en enero.
La información fue publicada por la plataforma estadounidense Minnesota Reformer, que detalló que la decisión judicial se produjo después de una audiencia celebrada el viernes por la tarde.
El juez concluyó que el nicaragüense enfrenta un riesgo de daño irreparable mientras permanezca en la República Centroafricana, que existen probabilidades de que prospere su demanda contra el Gobierno estadounidense y que el interés público exige que las autoridades migratorias cumplan sus propias normas.
Kenis López llegó a Estados Unidos en 2022, procedente de Nicaragua, y se presentó ante las autoridades migratorias en la frontera. No tiene antecedentes penales. En 2024, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a Nicaragua porque existía un riesgo de que fuera torturado si regresaba.
Sin embargo, en enero de 2026 fue detenido frente a su vivienda en Shakopee, Minnesota. Después de permanecer en distintos centros de detención migratoria, las autoridades estadounidenses lo trasladaron en agosto a la República Centroafricana, un país con el que no tiene relación.
El caso forma parte de las deportaciones de migrantes a terceros países, es decir, naciones distintas de aquellas de las que son originarios. Según Minnesota Reformer, más de 25,000 personas han sido deportadas bajo esta modalidad desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2025.
Juez cuestionó las garantías ofrecidas por República Centroafricana
Durante la audiencia, Bryan centró parte de sus preguntas en el temor de López González a permanecer en la República Centroafricana y en la falta de oportunidades que tuvo para expresar ese miedo antes de ser expulsado de Estados Unidos.
Según la información de Minnesota Reformer, cuando el nicaragüense supo que sería enviado a ese país manifestó su temor al personal migratorio. Sin embargo, no le permitieron exponer sus razones. En su lugar, los agentes utilizaron proyectiles, entre ellos balas de goma o bolas de pimienta, para obligarlo a bajar de un autobús junto con otros detenidos. Posteriormente lo inmovilizaron con correas y lo trasladaron por la fuerza hasta el avión.
En su resolución, el juez señaló que las autoridades conocían el peligro que enfrentaba López González antes de obligarlo a abordar el vuelo.
«La amenaza de un daño irreparable para López si permanecía en la República Centroafricana mientras sus reclamaciones estaban pendientes era evidente y los demandados la conocían mucho antes de obligar a López (...) a tomar un vuelo a la República Centroafricana», escribió Bryan.
El magistrado también cuestionó el argumento del Gobierno estadounidense de que el nicaragüense no corría peligro en ese territorio y calificó esa postura como «claramente hipócrita».
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que López no tenía derecho a una audiencia para exponer sus temores sobre la República Centroafricana, porque su proceso migratorio anterior se refería exclusivamente al riesgo de tortura en Nicaragua.
También defendieron la deportación con base en las llamadas «garantías diplomáticas» ofrecidas por las autoridades centroafricanas, que supuestamente se comprometieron a tratar humanamente a los migrantes trasladados desde Estados Unidos y a respetar sus derechos.
Sin embargo, Bryan puso en duda la credibilidad de esas garantías y recurrió a las propias advertencias del Departamento de Estado estadounidense sobre las condiciones de seguridad en la República Centroafricana.
El país africano enfrenta violencia política desde hace años, particularmente después de que grupos rebeldes tomaran el poder en 2013. Las advertencias oficiales estadounidenses mencionan riesgos de delincuencia, secuestros, terrorismo, disturbios y presencia de grupos armados en amplias zonas del territorio.
Durante la audiencia, el juez cuestionó al representante del Departamento de Justicia, quien reconoció que no había revisado los informes del Departamento de Estado sobre la situación del país.
En su resolución, Bryan citó extensamente esos documentos para sustentar los peligros a los que estaría expuesto el nicaragüense si continuaba detenido allí.
Un acuerdo de 85 millones de dólares
Otro aspecto señalado por Minnesota Reformer es el acuerdo entre Washington y Bangui para recibir a migrantes deportados desde Estados Unidos.
El Gobierno estadounidense comenzó a enviar personas a la República Centroafricana después de pagar 85 millones de dólares a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo de Naciones Unidas que supervisa el centro de detención de Bangui, la capital, donde permanece López González.
La publicación también informó sobre una carta que Christopher Landau, subsecretario de Estado, envió en mayo a Todd Lyons, entonces director interino del ICE.
En el documento, Landau aseguró que el Gobierno centroafricano había ofrecido garantías de que los ciudadanos de terceros países trasladados desde Estados Unidos recibirían un trato conforme a las obligaciones internacionales y no serían sometidos a persecución.
«El Departamento de Estado considera que las garantías recibidas del gobierno de la República Centroafricana son creíbles y fiables», escribió Landau.
No obstante, el funcionario pidió al Departamento de Seguridad Nacional que evitara hablar públicamente sobre la cooperación con ese país en materia de deportaciones.
Bryan también cuestionó esa solicitud de confidencialidad. En su resolución planteó que el Gobierno podría estar intentando evitar que la población conociera los términos de un acuerdo que implica trasladar por la fuerza a personas detenidas hacia un territorio donde podrían enfrentar peligros.
El Gobierno podría apelar la decisión
Durante la audiencia, los abogados del Departamento de Justicia anunciaron que presentarían una solicitud para que el juez ampliara el plazo de cumplimiento de la orden, con el argumento de que necesitan tiempo para apelar la resolución.
Bryan, consciente de que las autoridades migratorias han incumplido o retrasado el cumplimiento de otras decisiones judiciales, estableció un procedimiento de nueve pasos con plazos específicos para garantizar el retorno de López González a Minnesota.
Minnesota Reformer recordó que el ICE ha enfrentado cuestionamientos por incumplir órdenes judiciales. Durante los dos meses y medio de la denominada Operación Metro Surge, la agencia habría violado 210 resoluciones de tribunales. La publicación también mencionó el caso de Ahmed Soliman, deportado a Guinea Ecuatorial, cuyo regreso fue ordenado por un juez el 7 de octubre, pero que todavía no había sido concretado.
La decisión sobre López González se produce mientras la Corte Suprema de Estados Unidos tiene previsto celebrar en diciembre una audiencia para examinar la legalidad de las deportaciones de migrantes hacia terceros países.
Como medida adicional de protección, Bryan prohibió expresamente que los agentes disparen contra el nicaragüense con balas de goma o cualquier otro tipo de proyectil, independientemente de la distancia.
La resolución representa un nuevo capítulo en el caso de López González, quien ya había conseguido que un juez de inmigración reconociera el riesgo de tortura que enfrentaría si era devuelto a Nicaragua. Se conoce de otros cinco nicaragüenses que permanecen en África.
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