Juez ordena retorno a EEUU de nicaragüense deportada por ICE

Un juez federal de Houston ordenó al Gobierno de Estados Unidos facilitar el regreso de Marcela Linda Arias, deportada a Nicaragua mientras intentaba reabrir su proceso migratorio como sobreviviente de violencia doméstica. La resolución representa el primer caso conocido públicamente de una nicaragüense cuyo retorno exige un tribunal estadounidense después de que ICE ejecutara su expulsión.

El juez federal David Hittner concedió una orden de restricción temporal al determinar preliminarmente que Arias podría demostrar los méritos de su demanda y sufriría un daño irreparable si permanece fuera de Estados Unidos.

La decisión busca garantizar que la nicaragüense pueda defenderse en el proceso que un tribunal de inmigración reabrió apenas un día después de su deportación.

El caso figura como Arias v. Mullin et al., expediente 4:26-cv-05954, ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Texas. Arias presentó la demanda el 25 de julio de 2026, según el registro público del proceso.

Primera nicaragüense con una orden pública de retorno

No existe un registro oficial que contabilice a las personas que Estados Unidos ha tenido que regresar por mandato judicial después de deportarlas. ICE tampoco publica estadísticas específicas sobre estos casos.

Sin embargo, una revisión de decisiones judiciales y casos documentados por medios estadounidenses no muestra otro antecedente público reciente de una persona nicaragüense beneficiada con una orden similar.

Por esa razón, la formulación más precisa es que Arias sería la primera nicaragüense conocida públicamente cuyo retorno ordena un tribunal federal tras una deportación ejecutada por las autoridades migratorias.

Otros casos ampliamente documentados involucran a ciudadanos de El Salvador, Venezuela, Guatemala, México y Colombia.

ICE la deportó mientras intentaba reabrir su caso

Arias vivió aproximadamente 15 años en Houston, Texas. Antes de su expulsión permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en esa ciudad, según publicó el periodista Julián Aguilar en el Houston Chronicle.

La nicaragüense buscaba reabrir su expediente migratorio bajo disposiciones que pueden proteger a sobrevivientes de violencia doméstica.

Antes de que ICE la enviara a Nicaragua a finales de junio de 2026, su abogado presentó una moción para reabrir el proceso. La defensa sostiene que esa petición activó una suspensión automática que impedía deportarla mientras el tribunal examinaba la solicitud.

Su abogado, Javier Rivera, aseguró que ICE conocía la existencia de la protección, pero decidió ejecutar la expulsión.

“Ellos lo sabían y decidieron expulsarla de todas maneras”—, declaró Rivera al Houston Chronicle.

El tribunal de inmigración aprobó la reapertura del expediente un día después de que Arias fuera enviada a Nicaragua. Su proceso quedó nuevamente activo cuando ella ya estaba fuera de Estados Unidos.

¿Por qué el juez ordenó su regreso?

El juez Hittner concedió la medida de emergencia el 8 de septiembre. La resolución concluyó preliminarmente que Arias:

Tiene probabilidades de prevalecer en los argumentos principales de su demanda.

Enfrenta una amenaza sustancial de daño irreparable.

Necesita regresar para continuar defendiendo su proceso migratorio.

El juez ordenó al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, informar qué acciones emprendió para asegurar el retorno de Arias antes de su siguiente comparecencia ante el tribunal de inmigración.

La resolución no concede residencia, asilo ni un estatus migratorio permanente. Hittner ordenó facilitar su regreso para restablecer las condiciones en las que Arias pueda ejercer su defensa dentro del proceso reabierto.

Gobierno sostiene que la deportación fue legal

En tanto, el Departamento de Justicia rechazó que ICE actuara ilegalmente.

El abogado gubernamental Nicholas Sabin argumentó que la moción no activó válidamente la suspensión porque Arias había presentado años antes otra solicitud independiente que las autoridades rechazaron.

Las reglas migratorias generalmente limitan la cantidad de mociones que una persona puede interponer para reabrir su caso. No obstante, la legislación contempla excepciones y procedimientos particulares para determinadas personas sobrevivientes de violencia doméstica.

Rivera respondió que el Gobierno perdió la oportunidad procesal de presentar esa objeción porque el DHS no contestó dentro del plazo concedido ni apeló la decisión que reabrió el expediente.

El DHS no respondió durante los diez días permitidos y después tampoco presentó una apelación.

La corte federal todavía no ha emitido una sentencia definitiva sobre la legalidad de la expulsión. La decisión de Hittner constituye una orden temporal mientras el tribunal examina el fondo de la demanda.