Excarcelado político gana juicio migratorio, pero ICE insiste en deportarlo a México

El excarcelado político nicaragüense Yupanke López López obtuvo una resolución favorable de un juez de inmigración de Estados Unidos que ordenó impedir su deportación. Sin embargo, pese a que la decisión judicial quedó firme al no ser apelada dentro del plazo legal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene al opositor bajo custodia y, según denunció el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), pretende trasladarlo a México. 

De acuerdo con una nota informativa difundida este 9 de julio por el GREX, López López permanece detenido desde el 22 de octubre de 2025 en Estados Unidos, pese a que el 28 de mayo de 2026 un juez de inmigración resolvió concederle la protección conocida como Withholding of Removal, contemplada en la Sección 241(b)(3) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una figura que impide su deportación al país donde enfrenta riesgo de persecución. 

El documento judicial, emitido por la Corte de Inmigración de Cleveland, confirma que el juez concedió dicha protección durante la audiencia celebrada el 28 de mayo de 2026. 

Según GREX, la resolución también establecía un período de 30 días para que ICE presentara una apelación si no estaba conforme con el fallo. Sin embargo, la organización asegura que ese plazo venció el 28 de junio sin que las autoridades migratorias interpusieran recurso alguno, por lo que consideran que la decisión quedó firme. 

La agrupación explica que el proceso judicial incluyó una nueva entrevista de "miedo creíble", la revisión de documentación relacionada con su condición de perseguido político y dos audiencias que sumaron aproximadamente seis horas antes de que el juez emitiera su resolución favorable. 

Pese a ello, la situación del opositor continúa sin resolverse.

De acuerdo con el GREX, familiares de López López acudieron recientemente al centro de detención donde permanece recluido para conocer el estado de su expediente. Durante esa visita, aseguran que el oficial de deportación responsable del caso les informó que el excarcelado debía firmar un documento que permitiría su traslado a México. 

La organización sostiene que esa posibilidad contradice la resolución emitida por el juez de inmigración y afirma que el funcionario advirtió que el plazo para aceptar esa alternativa vencería el próximo 18 de julio y que, de no hacerlo, sería deportado de cualquier manera. 

Ante esa situación, los familiares preparan la presentación de un recurso de habeas corpus con el objetivo de exigir el cumplimiento inmediato de la decisión judicial y lograr su liberación. 

López López, de 58 años y originario de Tipitapa, fue detenido en Nicaragua el 7 de septiembre de 2018 por su participación en las protestas iniciadas en abril de ese año. Según el GREX, fue condenado a más de 60 años de prisión durante el contexto de la crisis sociopolítica y también sufrió la confiscación de dos negocios de su propiedad: un gimnasio y un bar. 

Posteriormente fue excarcelado el 27 de febrero de 2019 y salió de Nicaragua hacia Estados Unidos el 13 de junio del mismo año junto a su esposa e hijos. De acuerdo con la organización, sus hijos ya obtuvieron asilo político en ese país. 

El GREX también denunció que López López enfrenta problemas de salud mientras permanece bajo custodia migratoria. Según la organización, presenta dolores persistentes en uno de sus oídos y no ha recibido la atención médica especializada que requiere. Además, afirma que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le ha negado en varias ocasiones la emisión de un pasaporte nicaragüense. 

La agrupación destacó que, aun desde el exilio, el excarcelado político ha continuado participando activamente en actividades de oposición al Gobierno nicaragüense y forma parte del propio Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos. 

En su pronunciamiento, el GREX solicitó a las autoridades migratorias estadounidenses respetar la resolución emitida por la Corte de Inmigración y permitir que López López permanezca junto a su familia en Estados Unidos. La organización también agradeció al juez que conoció el caso por haber considerado acreditado el riesgo que enfrentaría si fuera devuelto a Nicaragua.