Autoridades de El Salvador capturan a nicaragüense y lo investigan por presuntos nexos con MS-13

La Fuerza Armada de El Salvador ubicó a un ciudadano nicaragüense identificado como Holvin Florentino Sánchez, de 20 años, durante un operativo realizado en el distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, y posteriormente lo entregó a la Policía Nacional Civil (PNC), informó el ministro de Defensa salvadoreño, René Francis Merino Monroy.

De acuerdo con la publicación oficial del funcionario, durante la revisión del teléfono celular del joven fueron encontradas imágenes que, según las autoridades salvadoreñas, lo vincularían con la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13). Hasta el momento, el Gobierno de El Salvador no ha informado sobre una condena, la presentación de cargos adicionales ni otros elementos de prueba relacionados con el caso.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Merino Monroy escribió: "En Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, elementos de la Fuerza Armada ubicaron al ciudadano nicaragüense Holvin Florentino Sánchez, de 20 años. En su teléfono celular se encontraron imágenes que lo vinculan con la MS-13. Fue entregado a la PNC. En El Salvador ya no hay territorio para las pandillas. Quienes pertenezcan a estructuras criminales serán ubicados."

El ministro indicó que la intervención fue ejecutada por efectivos militares como parte de las operaciones de seguridad que desarrollan conjuntamente la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil.

Tras el procedimiento, el ciudadano nicaragüense fue puesto a disposición de la PNC, institución que continuará las investigaciones y el proceso correspondiente conforme a la legislación salvadoreña. Hasta ahora, las autoridades no han revelado más detalles sobre el contenido de la investigación ni sobre la situación jurídica del joven.

Operativo en el marco del Plan Control Territorial

Según explicó el ministro de Defensa, este procedimiento forma parte de las operaciones permanentes que ejecutan las autoridades dentro del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde junio de 2019 para combatir a las pandillas y recuperar el control de comunidades consideradas de alta incidencia delictiva.

El plan fue presentado inicialmente en varias fases enfocadas en recuperar territorios controlados por estructuras criminales, fortalecer la presencia policial y militar, modernizar los cuerpos de seguridad e incrementar la capacidad de inteligencia del Estado.

A partir de marzo de 2022, luego de un repunte de homicidios atribuido por el Gobierno a las pandillas, la Asamblea Legislativa aprobó el Régimen de Excepción, una medida extraordinaria que suspendió temporalmente algunas garantías constitucionales y amplió las facultades de las autoridades para realizar capturas e investigaciones.

Desde entonces, las operaciones del Plan Control Territorial se desarrollan de forma paralela al Régimen de Excepción, mediante patrullajes militares, cercos de seguridad, controles en comunidades y operativos dirigidos a localizar a personas que, según las autoridades, mantienen vínculos con organizaciones criminales.

El Salvador destaca resultados en la lucha contra las pandillas

El Gobierno salvadoreño sostiene que la combinación del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción ha permitido reducir significativamente los homicidios y debilitar las estructuras de las principales pandillas, entre ellas la MS-13 y las facciones del Barrio 18.

Las autoridades aseguran que decenas de miles de presuntos integrantes de estas organizaciones han sido detenidos desde 2022 y que El Salvador registra actualmente algunos de los índices de homicidios más bajos de su historia reciente.

Sin embargo, organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reconocido la disminución de la violencia letal, pero también han expresado preocupación por denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y otras posibles violaciones a derechos humanos durante la aplicación del Régimen de Excepción.

En ese contexto se produjo el caso del ciudadano nicaragüense Holvin Florentino Sánchez, cuya situación continúa bajo investigación de las autoridades salvadoreñas. Hasta el momento, el Gobierno de El Salvador no ha informado sobre la presentación formal de cargos ni sobre resoluciones judiciales en su contra, por lo que cualquier presunta vinculación con la MS-13 corresponde exclusivamente a los señalamientos realizados por las autoridades durante la fase inicial de la investigación.