Miles de hijos de nicaragüenses nacidos en EE. UU. se beneficiarán del último fallo de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento, una decisión que mantiene vigente uno de los principios históricos de la Constitución estadounidense y que beneficia directamente a miles de familias nicaragüenses cuyos hijos nacen en territorio estadounidense.

Con una mayoría de seis magistrados, el máximo tribunal concluyó que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía automática a prácticamente todas las personas nacidas en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres. El fallo representa uno de los mayores reveses judiciales para la política migratoria del segundo mandato de Trump.

La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, con el respaldo de los tres magistrados liberales y de la jueza Amy Coney Barrett. El juez Brett Kavanaugh coincidió con el resultado por fundamentos distintos, mientras Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch votaron a favor de la postura del mandatario.

Roberts sostuvo que la interpretación promovida por la administración Trump carecía de respaldo suficiente.

"El problema es que existen escasas pruebas que respalden esta visión drásticamente revisionista", escribió el presidente del máximo tribunal.

La orden ejecutiva firmada por Trump establecía que un niño nacido en Estados Unidos solo obtendría automáticamente la ciudadanía si al menos uno de sus padres era ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Sin embargo, la medida nunca llegó a entrar en vigor debido a múltiples demandas presentadas por estados, organizaciones defensoras de inmigrantes y familias afectadas.

La controversia giró alrededor de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción adquiere automáticamente la ciudadanía estadounidense.

Harold Rocha, presidente del Fondo Nicaragüense-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (NALDEF), explicó a 100% Noticias que la decisión judicial reafirma una interpretación constitucional consolidada durante casi dos siglos.

"El fallo emitido por la Corte Suprema en Washington viene a refrendar casi dos siglos de jurisprudencia que interpreta la Decimocuarta Enmienda como una garantía incontestable del derecho a la nacionalidad por parte de toda persona nacida en el territorio nacional", afirmó.

Según Rocha, aunque la resolución era ampliamente esperada debido a los numerosos precedentes judiciales existentes, llamó la atención que tres magistrados estuvieran dispuestos a respaldar una interpretación distinta.

"Llama poderosamente la atención que por lo menos tres magistrados estaban dispuestos a considerar otra interpretación que limitaría el derecho de nacionalidad a personas nacidas en territorio nacional, pero de padres que no contaran con un estatus migratorio permanente o legal", señaló.

El especialista indicó que un cambio de esa naturaleza habría modificado uno de los principios fundamentales del sistema jurídico estadounidense.

"Eso hubiese quebrantado no solamente casi dos siglos de jurisprudencia, sino que sustancialmente hubiese alterado un concepto de fondo que se aplica en el derecho consuetudinario", explicó.

Rocha recordó que el sistema estadounidense se basa en el principio jurídico conocido como jus soli, mediante el cual la nacionalidad se adquiere por el lugar de nacimiento.

"En el derecho consuetudinario de origen anglosajón, el derecho a la nacionalidad se recibe por el hecho de haber nacido en el territorio nacional. Ese principio se conoce como jus soli", explicó.

Añadió que este sistema difiere del utilizado por numerosos países de tradición romano-germánica, donde predomina el principio del jus sanguinis, es decir, la nacionalidad transmitida por los padres.

El abogado también subrayó otro aspecto relevante del fallo: la discusión sobre los límites constitucionales del poder presidencial.

"Por otro lado, llama poderosamente la atención que no se prestó mucho análisis al hecho de que un presidente no tiene constitucionalmente la potestad de enmendar la Constitución a través de un decreto ejecutivo", afirmó.

Rocha recordó que cualquier modificación constitucional requiere un procedimiento legislativo complejo y no puede realizarse mediante decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.

"Esa potestad le corresponde única y exclusivamente al poder legislativo a través de un proceso que además involucra a las legislaturas estatales para que pueda tomar efecto", explicó.

No obstante, el presidente de NALDEF advirtió que el debate constitucional podría no haber terminado definitivamente.

"Es previsible que, de no cambiar la composición de esta Corte Suprema, el caso pueda revisarse más adelante y que esa interpretación pueda estar sujeta nuevamente a análisis", sostuvo.

El fallo representa una noticia de especial importancia para la comunidad nicaragüense radicada en Estados Unidos. Durante los últimos años, decenas de miles de nicaragüenses ingresaron al país mediante solicitudes de asilo, programas humanitarios, permisos temporales o permanecen con procesos migratorios aún pendientes de resolución.

Aunque no existen estadísticas oficiales desagregadas sobre cuántos hijos de padres nicaragüenses han nacido en Estados Unidos desde el inicio de la crisis migratoria de 2021, estimaciones demográficas elaboradas con apoyo de inteligencia artificial, basadas en las tendencias de migración nicaragüense y las tasas de natalidad de esa población, proyectan que cerca de 7.000 niños habrían nacido en territorio estadounidense durante ese período. Esta cifra constituye una proyección estadística y no un dato oficial.

La decisión garantiza que los hijos nacidos en territorio estadounidense continuarán adquiriendo automáticamente la ciudadanía, independientemente del estatus migratorio de sus padres, preservando así un derecho constitucional que ha formado parte del ordenamiento jurídico estadounidense durante más de 150 años.