Trump inicia férreo control de cuentas bancarias de migrantes, remesas podrían sufrir duro impacto en Nicaragua

Las nuevas restricciones financieras impulsadas por el presidente Donald Trump podrían tener repercusiones para miles de nicaragüenses que residen en Estados Unidos sin un estatus migratorio regular y que dependen del sistema bancario para trabajar, ahorrar dinero y enviar remesas a sus familiares en Nicaragua. La orden ejecutiva busca aumentar los controles sobre transacciones financieras, apertura de cuentas y acceso a créditos para personas consideradas inadmisibles o sujetas a deportación.

La medida adquiere especial relevancia para Nicaragua debido a que las remesas se han convertido en uno de los principales pilares de la economía nacional. Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), Estados Unidos continúa siendo el principal origen de las remesas que recibe el país, recursos de los que dependen miles de familias nicaragüenses. En los últimos años, cientos de miles de nicaragüenses han emigrado hacia Estados Unidos como consecuencia de la crisis política, económica y social que atraviesa el país.

La orden ejecutiva, titulada “Restoring Integrity to America’s Financial System”, fue firmada por Trump el 19 de mayo de 2026 y establece como política de la administración fortalecer los mecanismos de prevención de fraude, lavado de dinero, trata de personas, evasión fiscal y otras actividades financieras ilícitas.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió la medida impulsada por la administración de Donald Trump y aseguró que forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad fronteriza y proteger el sistema financiero estadounidense. "Esta Administración no permitirá que los inmigrantes indocumentados abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente", afirmó Bessent en un mensaje publicado en la red social X.

El funcionario sostuvo además que Trump "ha hecho más que nadie en la historia para asegurar las fronteras" del país y señaló que el fortalecimiento de los controles financieros es parte de ese esfuerzo.

El documento señala que determinadas modalidades de transferencias transfronterizas y estructuras financieras han sido utilizadas en algunos casos por organizaciones criminales para movilizar recursos vinculados con actividades ilegales, por lo que instruye a diversas agencias federales a revisar y fortalecer los mecanismos de supervisión.

Mayor vigilancia financiera

Entre las principales disposiciones, la orden instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, una advertencia formal dirigida a bancos e instituciones financieras sobre riesgos asociados con determinadas operaciones realizadas por personas que no cuentan con autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Asimismo, ordena a las autoridades identificar patrones sospechosos relacionados con evasión fiscal, uso indebido de documentación, empresas fachada, transferencias de dinero no registradas y posibles esquemas de explotación laboral o trata de personas.

Uno de los aspectos que ha generado atención entre organizaciones de apoyo a migrantes es el relacionado con el uso del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). La orden establece que los reguladores financieros deberán evaluar riesgos asociados con el uso de esta herramienta en determinadas operaciones financieras y desarrollar orientaciones para las instituciones supervisadas.

Además, el Departamento del Tesoro y otros organismos reguladores deberán estudiar posibles cambios normativos para fortalecer los procesos de identificación y verificación de clientes cuando existan indicios de fraude, robo de identidad o actividades financieras ilícitas.

Acceso al crédito bajo revisión

La orden ejecutiva también aborda la evaluación de riesgos en el otorgamiento de créditos. Según el documento, los reguladores deberán analizar cómo determinadas circunstancias, incluida la posibilidad de pérdida de ingresos o cambios en la situación migratoria de algunos solicitantes, podrían influir en la capacidad de cumplir obligaciones financieras.

No obstante, la orden no establece prohibiciones automáticas para la apertura de cuentas bancarias ni elimina el acceso a servicios financieros para personas que utilizan un ITIN. Tampoco ordena a las instituciones financieras cerrar cuentas existentes de manera generalizada.

La medida surge en un contexto de fuerte migración nicaragüense hacia Estados Unidos durante los últimos años. Desde 2018, miles de nicaragüenses han abandonado el país en busca de protección internacional y oportunidades económicas en el extranjero. Muchos de ellos mantienen vínculos económicos con sus familias mediante el envío regular de remesas.

Aunque el alcance práctico de las nuevas disposiciones dependerá de las regulaciones y directrices que emitan las agencias federales en los próximos meses, expertos en temas migratorios consideran que la medida podría traducirse en mayores procesos de verificación y supervisión para algunos usuarios del sistema financiero estadounidense.

Por ahora, la orden ejecutiva marca el inicio de un proceso regulatorio cuyos efectos concretos sobre las comunidades migrantes, incluida la nicaragüense, dependerán de las normas que adopten posteriormente el Departamento del Tesoro y los organismos reguladores del sistema financiero de Estados Unidos.