Migrantes ya no podrán permanecer en EE. UU. mientras esperan la Green Card

La administración de Donald Trump anunció una nueva política migratoria que obligaría a extranjeros con estatus temporal en Estados Unidos a regresar a sus países de origen para solicitar la residencia permanente o Green Card.

“Un extranjero que se encuentra temporalmente en los EE. UU. y desea una Tarjeta Verde debe regresar a su país de origen para solicitarla”, publicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al confirmar nuevas directrices impulsadas por USCIS.

La nueva política fue confirmada por el DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), organismos que aseguran que el objetivo es cerrar lo que consideran una “laguna legal” utilizada por migrantes para permanecer en territorio estadounidense mientras esperan la aprobación de una Green Card. 

La nueva guía, revelada inicialmente por el medio estadounidense Daily Caller, instruye a oficiales migratorios a interpretar de forma más estricta la Sección 245(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, norma que históricamente permitió a ciertos extranjeros ajustar su estatus migratorio sin abandonar Estados Unidos. 

Según USCIS, el ajuste de estatus dentro del país solo deberá permitirse en “circunstancias extraordinarias”, mientras que el procedimiento regular consistirá en regresar al país de origen, completar verificaciones consulares y obtener una visa de inmigrante antes de volver a ingresar legalmente a territorio estadounidense. 

El director de USCIS, Joseph Edlow, afirmó que la administración Trump busca restaurar “la intención original de la ley” diferenciando claramente entre quienes ingresan temporalmente al país y quienes aspiran a convertirse en residentes permanentes.

“Los extranjeros que vienen a los Estados Unidos temporalmente y más tarde buscan la residencia permanente deben obtener una visa de inmigrante a través de los canales adecuados en sus países de origen antes de ser admitidos como inmigrantes”, declaró Edlow. 

La administración sostiene que este cambio ayudará a reducir abusos migratorios y dificultará que personas permanezcan ilegalmente en Estados Unidos después de recibir una negativa migratoria.

El portavoz de USCIS, Zach Kahler, aseguró que la política pretende evitar el “aprovechamiento de lagunas jurídicas” y facilitar el control migratorio dentro del país.

“Cuando los extranjeros presentan su solicitud desde sus países de origen, se reduce la necesidad de localizar y expulsar a aquellos que deciden pasar a la clandestinidad”, afirmó Kahler. 

La medida podría afectar especialmente a personas que ingresaron a Estados Unidos con visas temporales, permisos humanitarios u otras categorías migratorias que posteriormente intentan obtener residencia permanente mediante peticiones familiares, laborales o humanitarias.

Aunque USCIS señala que cada caso será evaluado individualmente, abogados de inmigración y organizaciones pro migrantes ya expresan preocupación por las posibles consecuencias prácticas de la nueva interpretación legal.

Uno de los principales temores es que miles de personas queden expuestas a prohibiciones de reingreso o enfrenten largos períodos de separación familiar al verse obligadas a salir de Estados Unidos para continuar el trámite consular desde sus países de origen.

La nueva directriz también forma parte de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, que incluye mayores procesos de deportación, revisión de beneficios migratorios y acciones contra fraudes en naturalización y residencia permanente.

En los últimos meses, la administración republicana ha incrementado la presión sobre programas migratorios creados o ampliados durante el gobierno de Joe Biden, argumentando que muchas políticas anteriores incentivaron ingresos irregulares y sobrecargaron el sistema migratorio estadounidense.

Hasta el momento, USCIS no ha detallado públicamente cuáles serán consideradas “circunstancias extraordinarias” suficientes para permitir ajustes de estatus dentro de Estados Unidos bajo la nueva interpretación.