Migrante nicaragüense en condición irregular se declara culpable por posesión de arma en EEUU
Frander Espinoza-Rugama se declaró culpable en Estados Unidos por posesión ilegal de arma y ahora espera sentencia, en un proceso federal que podría derivar en hasta 10 años de prisión
El nicaragüense Frander Ulises Espinoza-Rugama, de 29 años, podría enfrentar hasta 10 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de posesión de arma de fuego siendo inmigrante en situación migratoria irregular, según informó el Departamento de Justicia.
El caso fue presentado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Louisiana, donde el fiscal federal David I. Courcelle anunció que Espinoza-Rugama admitió su culpabilidad el pasado 31 de marzo de 2026 ante el juez federal Brandon S. Long.
De acuerdo con el expediente judicial, el nicaragüense violó el Título 18 del Código de los Estados Unidos, secciones 922(g)(5)(A) y 924(a)(8), que prohíben la posesión de armas de fuego por parte de personas en condición migratoria irregular.
Los documentos del caso detallan que, alrededor del 30 de junio de 2024, Espinoza-Rugama —quien se encontraba ilegalmente en territorio estadounidense— fue encontrado en posesión de una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros, modelo SW9VE. Posteriormente, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Tras declararse culpable, enfrenta una pena máxima de hasta 10 años de prisión, una multa que podría alcanzar los 250,000 dólares, hasta tres años de libertad supervisada y el pago obligatorio de una tasa especial de 100 dólares. La sentencia está programada para el 10 de abril de 2025.
El caso forma parte del programa federal conocido como Project Safe Neighborhoods (PSN), una estrategia que involucra a autoridades federales, estatales y locales con el objetivo de reducir la violencia armada y fortalecer la seguridad en las comunidades.
El fiscal Courcelle destacó el trabajo de las agencias involucradas en la investigación, entre ellas la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Policía de Kenner. La acusación está a cargo del fiscal adjunto Spiro G. Latsis, de la Unidad de Delitos Generales.
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