Siete nicaragüenses enfrentan juicio en España por red de explotación de compatriotas

Siete ciudadanos nicaragüenses, integrantes de una misma familia, enfrentan cargos ante la Audiencia Provincial, por su presunta participación en una red dedicada a la captación y explotación económica de mujeres migrantes.

De acuerdo con información de Europa Press, los acusados enfrentan delitos de inmigración ilegal, coacciones, pertenencia a grupo criminal y, en algunos casos, blanqueo de capitales.

El juicio está previsto para este miércoles 25 de marzo y se basa en una investigación que documenta el testimonio de al menos 26 mujeres. Según el Ministerio Fiscal, la red operaba mediante engaños, ofreciendo a mujeres en Nicaragua oportunidades laborales en España, principalmente en el cuidado de personas mayores. Sin embargo, una vez en territorio español, las víctimas eran mantenidas en situación irregular en localidades como Alfaro y Huesca, lo que facilitaba su control.

La acusación sostiene que las mujeres eran captadas a través de familiares de los implicados en Nicaragua, quienes prometían gestionar viajes, alojamiento y empleo. Incluso, se les facilitaban sumas de dinero —alrededor de mil euros— para simular solvencia como turistas ante las autoridades migratorias. No obstante, al llegar a España, las víctimas eran despojadas de ese dinero y trasladadas a viviendas controladas por la red.

pPosteriormente, se les imonía una supuesta deuda que oscilaba entre los 5,000 y 6,000 euros por gastos de viaje, intermediación y manutención, montos que la Fiscalía califica como “abusivos”.

Según el expediente, las acusadas se aprovechaban de la condición de vulnerabilidad de las mujeres para exigir pagos constantes, incluso inflando precios por servicios básicos, como medicamentos o alojamiento.

La investigación describe la estructura como una “trama familiar” liderada por dos hermanas nicaragüenses residentes en España, quienes, junto a sus esposos e hijos, habrían desarrollado este esquema desde al menos 2016. La principal acusada enfrenta una petición fiscal de seis años de prisión y una multa de 40,000 euros, mientras que otros implicados podrían recibir penas de hasta cuatro años y medio de cárcel.

El caso salió a la luz tras la detención de una de las acusadas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en 2019, cuando regresaba desde Nicaragua acompañada de tres mujeres. Durante los registros, las autoridades encontraron documentación que evidenciaría el funcionamiento del esquema, incluyendo cuadernos con registros de cobros desproporcionados.

La Fiscalía sostiene que esta actividad generó beneficios económicos “extraordinarios” y opacos, no justificables con ingresos lícitos, consolidando así un caso que pone en evidencia la vulnerabilidad de migrantes frente a redes de explotación.