ICE podrá arrestar a refugiados legales si no obtienen la green card en un año, cómo impacta a nicaragüenses

La administración del presidente Donald Trump amplió las facultades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a refugiados que ingresaron legalmente a Estados Unidos, pero que aún no han obtenido la residencia permanente, según un memorando gubernamental fechado el 18 de febrero y divulgado en un expediente judicial federal. La medida, obtenida por CBS News, forma parte de un esfuerzo más amplio para endurecer el escrutinio migratorio, incluso sobre personas que llegaron al país con autorización legal.

La directiva instruye a los agentes de ICE a detener a refugiados que, un año después de haber sido admitidos en territorio estadounidense, no hayan alcanzado formalmente el estatus de Residente Permanente Legal, conocido comúnmente como green card. De acuerdo con la nueva política, ese plazo debe ser tratado como un “punto de revisión obligatorio” que puede implicar el retorno a custodia gubernamental, incluso mediante arresto.

Los refugiados son inmigrantes que reciben protección en Estados Unidos tras demostrar que huyen de persecución en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social. Tradicionalmente, su admisión ha estado acompañada de un proceso de investigación y verificación de antecedentes que puede extenderse durante años antes de que se autorice su ingreso.

Sin embargo, el memorando señala que, si al cumplirse un año desde su llegada los refugiados no se han convertido en residentes permanentes, deben ser sometidos a inspección y examen adicional. El documento fue emitido por el director interino de ICE, Todd Lyons, y por Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia que administra procesos como la residencia permanente.

Según el texto, el regreso a custodia puede ocurrir de forma voluntaria, si el refugiado se presenta a una entrevista programada en una oficina migratoria. Pero si no se presenta, la directiva ordena a ICE localizarlo, arrestarlo y detenerlo. El Departamento de Seguridad Nacional debe considerar el plazo de un año como un punto de revisión obligatorio para todos los refugiados que no hayan alcanzado la condición de Residente Permanente Legal, garantizando que se programe su regreso a custodia para su inspección o, si no cumplen, que se les devuelva a custodia mediante medidas coercitivas”, establece el memorando.

El documento también autoriza a ICE a “mantener la custodia” de los refugiados durante el proceso de revisión. Según la argumentación oficial, el objetivo es detectar casos en los que la persona haya obtenido el estatus de refugiado mediante fraude, o represente una amenaza a la seguridad nacional o pública por posibles vínculos con terrorismo o por antecedentes criminales graves.

El memorando advierte que, si durante ese examen se identifican sospechas relevantes, los refugiados podrían ser despojados de su estatus legal y procesados para deportación. Con ello, la directiva amplía el alcance de la ofensiva migratoria de la administración Trump más allá de los inmigrantes indocumentados, una estrategia que ha recibido mayor atención mediática y controversia pública.

Uno de los cambios más significativos es que la política revierte la postura histórica del ICE, que durante años sostuvo que el hecho de no obtener una green card dentro del primer año no era, por sí solo, una razón legal legítima para detener a un refugiado. La política anterior también establecía que, dentro de las 48 horas posteriores a una detención, ICE debía decidir si liberaba al refugiado o iniciaba un proceso de deportación si existían fundamentos válidos.

Con el nuevo memorando, el plazo anual se convierte en un mecanismo de control reforzado, que puede implicar detenciones prolongadas mientras se reevalúan casos que ya habían sido aprobados por el propio gobierno estadounidense.

La medida se inscribe dentro de una estrategia más amplia de la administración Trump para reabrir y reexaminar expedientes migratorios de personas que ya habían recibido protección legal. De acuerdo con información previa citada por CBS News, en noviembre se ordenó a funcionarios de inmigración revisar casos de refugiados admitidos durante el gobierno del expresidente Joe Biden. En algunos casos, esa revisión podría incluir nuevas entrevistas para determinar si la persona cumple con la definición legal de refugiado.

Aunque la narrativa pública de la administración ha estado dominada por su ofensiva contra la inmigración irregular, organizaciones defensoras de migrantes advierten que existe un esfuerzo paralelo, más discreto pero igualmente amplio, orientado a restringir la inmigración legal. En general, estas medidas se justifican con argumentos de seguridad nacional, especialmente tras hechos violentos atribuidos a personas con historial migratorio.

El memorando surge en un contexto donde USCIS también ha implementado medidas extraordinarias. Tras un tiroteo ocurrido durante la semana de Acción de Gracias en Washington, D.C., en el que murieron dos miembros de la Guardia Nacional y cuyo sospechoso sería un ciudadano afgano, USCIS suspendió todas las solicitudes de inmigración legal presentadas por inmigrantes de docenas de países catalogados como de “alto riesgo”.

Más de 4,300 nicaragüenses refugiados, en su mayoría asentados previamente en Costa Rica, fueron reasentados en Estados Unidos hasta inicios de 2025 mediante la iniciativa Movilidad Segura, un programa gestionado junto a ACNUR y la OIM que busca ofrecer rutas legales y ordenadas para solicitantes de refugio. Esta vía fue presentada como una alternativa humanitaria para quienes huyen de la persecución y la crisis sociopolítica en Nicaragua, aunque su continuidad quedó en incertidumbre tras cambios administrativos en Washington a comienzos de 2025.

Para algunos de los beneficiarios, la nueva directiva que amplía el poder de ICE para detener a refugiados legales sin residencia permanente refuerza un clima de inseguridad incluso entre quienes ingresaron de forma regular. “Es simplemente más de la misma retórica anti-inmigrante. Esa ‘orden’ violenta las propias leyes internas y los acuerdos respecto a inmigrantes. No es un no haber iniciado el proceso, y ellos lo están pintando ahora así. Además, reitero, la Green Card no se entrega automáticamente al irla a solicitar. Ellos lo saben”, denunció un nicaragüense reasentado en Estados Unidos.