Acusan a nicaragüense por intentar comprar arma de fuego y agresión a ICE

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que un gran jurado federal en Pittsburgh acusó formalmente al nicaragüense Darwin Alexander Dávila-Pérez, de 33 años, a quien señala de agredir a un agente federal durante un operativo de ICE y de haber intentado comprar un arma de fuego pese a no tener estatus legal en el país.

Según la Fiscalía federal del Distrito Oeste de Pensilvania, Dávila-Pérez reside “ilegalmente” en el vecindario Mount Washington, en Pittsburgh, y enfrenta un cargo en la acusación (“one-count indictment”). El anuncio fue atribuido al fiscal federal Troy Rivetti.

Los hechos que describe la acusación

De acuerdo con el DOJ, el incidente ocurrió el 17 de diciembre de 2025, cuando agentes de ICE intentaron detenerlo por su presunta permanencia irregular en Estados Unidos. La acusación indica que el nicaragüense se resistió de manera violenta durante el procedimiento.

El parte oficial sostiene que, cuando los agentes activaron las luces de emergencia para detenerlo, Dávila-Pérez habría retrocedido su vehículo contra una patrulla con un oficial dentro, huyó del vehículo y luego habría agredido físicamente a los agentes, incluyendo codazos, un presunto intento de desenfundar el arma de un oficial, mordedura a un agente y golpes con una esposa. El DOJ afirma que los agentes recibieron atención médica por contusiones, abrasiones y una marca de mordedura.

Medios locales de Pittsburgh como Trip Live también han reportado que el forcejeo fue captado en video y de acuerdo con testigos en el aérea el incidente ocurrió a eso de las ocho de la mañana. Denunciando que agentes federales golpearon, sometieron y rociaron gas pimienta al nicaragüense.

Asimismo, narraron que algunos hasta grabaron la agresión ya que previamente los agentes federales rompieron la ventanilla del conductor del camión, sacaron al hombre del coche y se enzarzaron en un altercado físico con él.

Por su parte, la versión oficial informó que el Departamento de Seguridad Nacional ya tenía información previa de que Dávila-Pérez habría intentado comprar un arma a un vendedor con licencia federal (FFL), presentándose como ciudadano estadounidense, pero que la venta fue rechazada.

Pena máxima y estado del caso

La Fiscalía federal indicó que, de ser hallado culpable, la ley contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares, aunque la sentencia final dependerá de las guías federales y del historial del acusado, si existiera.

El DOJ señaló que Dávila-Pérez permanece bajo custodia desde su detención y que el caso está a cargo del fiscal adjunto Lee A. Fry, tras una investigación de Homeland Security Investigations/ICE.

La acusación oficial destaca que en todo proceso penal en EE. UU., se trata de acusaciones y el acusado se presume inocente hasta que un tribunal determine lo contrario.