Expreso político nicaragüense de los 222 relata su deportación a Honduras tras proceso con ICE

Juan Barilla, exintegrante del Movimiento Campesino y uno de los 222 presos políticos desterrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en febrero de 2023, fue deportado por Estados Unidos a Honduras el pasado 29 de noviembre, pese a haber presentado un caso de asilo basado en persecución política, tortura y encarcelamiento arbitrario en Nicaragua. Desde Tegucigalpa, Barilla relató su experiencia en una entrevista concedida al periodista Miguel Mendoza, en la que expresó temor por una posible represión transnacional del régimen nicaragüense y cuestionó las limitaciones del sistema migratorio estadounidense.

Barilla, originario de San Miguelito, en el departamento de Río San Juan, explicó que su deportación ocurrió tras varios meses detenido primero por una infracción de tránsito en Luisiana y luego bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque contaba con un permiso de trabajo vigente y había solicitado asilo político, fue finalmente removido a Honduras bajo la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), una figura legal que impide la deportación al país de origen, pero no concede estatus migratorio permanente en Estados Unidos.

En la entrevista, Barilla detalló que se defendió sin abogado ante la Corte de Inmigración, luego de no contar con los recursos económicos para contratar representación legal especializada. Según su testimonio, su caso se vio afectado por el cambio de jueces, apelaciones de la fiscalía y la imposibilidad de presentar pruebas clave que documentaban su encarcelamiento político, las torturas sufridas y su condición como uno de los 222 desterrados.

“Yo tenía toda la evidencia para ganar mi asilo, documentos sellados, pruebas notariales, pero nunca me dejaron presentarlas”, afirmó Barilla. Relató que, durante su última audiencia, la fiscalía propuso directamente su remoción a Honduras, alegando que existía un acuerdo con ese país para brindar protección a personas en su situación, argumento que fue aceptado por el juez migratorio.

Barilla explicó que expresó su temor de ser enviado a Honduras, advirtiendo que podría ser entregado a Nicaragua o convertirse en blanco de represalias debido a la cercanía geográfica y a la influencia regional del régimen Ortega-Murillo. Sin embargo, el juez consideró que no presentó pruebas suficientes para sustentar ese riesgo y dio por válidos los planteamientos de la fiscalía.

El exreo político recordó que fue detenido en Nicaragua el 9 de septiembre de 2020 junto a miembros de su familia, tras participar en actividades del Movimiento Campesino. Según su testimonio, fue víctima de torturas, secuestro por grupos paramilitares y encarcelamiento en El Chipote y el Sistema Penitenciario La Modelo, donde enfrentó acusaciones fabricadas por delitos graves como crimen organizado, tráfico de armas y secuestro. Fue condenado a largas penas de prisión y permaneció encarcelado hasta su excarcelación y destierro en 2023.

Tras su llegada a Estados Unidos, Barilla aseguró que intentó rehacer su vida, trabajar y cumplir con las leyes migratorias. Sin embargo, un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol desencadenó su detención. Aunque cumplió una condena de 112 días por el delito, al quedar en libertad fue retenido por ICE y trasladado a un centro de detención migratoria, donde permaneció casi cinco meses.

En su relato a Miguel Mendoza, Barilla describió las condiciones de detención en centros migratorios estadounidenses, donde, aunque no sufrió agresiones físicas, denunció tratos psicológicos degradantes, temperaturas extremas, traslados encadenado y un trato que calificó como deshumanizante. “No te golpean como en Nicaragua, pero te quiebran psicológicamente”, afirmó.

La deportación se concretó tras un largo proceso de traslados en buses y aviones, siempre esposado de pies, manos y cintura. Barilla relató que solo le retiraron las cadenas minutos antes de aterrizar en Honduras. Al llegar, fue recibido por personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y trasladado a un centro de acogida en Tegucigalpa, donde actualmente permanece bajo un programa de protección internacional.

Detención por conducir bajo los efectos del alcohol

Juan Barilla reconoció que su detención inicial en Estados Unidos se produjo tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en el estado de Luisiana. El exreo político explicó que fue detenido por la Policía local luego de una infracción de tránsito y sometido a pruebas de alcoholemia, las cuales confirmaron que superaba el límite permitido. Por este delito enfrentó cargos criminales y permaneció recluido durante 112 días en una cárcel del condado, pena que cumplió antes de ser declarado en libertad por un juez.

Aunque un tribunal criminal determinó que Barilla había cumplido la pena correspondiente y ordenó su liberación, el exreo político no recuperó su libertad. Al salir de la cárcel fue retenido de inmediato debido a una orden de detención migratoria y transferido a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde ese momento permaneció casi cinco meses en centros de detención migratoria mientras se desarrollaba su proceso ante la Corte de Inmigración, lo que finalmente derivó en su deportación a Honduras.

En Honduras, Barilla vive en condición de refugiado temporal, con apoyo de ACNUR y organizaciones humanitarias como Cáritas y centros de desarrollo social. Aunque reconoce que recibe alimentación, atención médica y acompañamiento, expresó preocupación por la inseguridad, la presencia de pandillas y la cercanía con Nicaragua. “Tengo más miedo a la dictadura que a las maras”, afirmó.

El exreo político también lamentó no haber aceptado en su momento la oferta de ciudadanía española extendida a los 222 desterrados. Actualmente explora la posibilidad de solicitar protección o residencia en España, aunque enfrenta obstáculos adicionales, como la retención de su pasaporte por parte de ICE y la negativa del régimen nicaragüense a emitir nuevos documentos.

Barilla hizo un llamado a otros solicitantes de asilo a no cometer errores legales y a buscar asesoría jurídica adecuada. “Estados Unidos es un país de leyes, y hay que cumplirlas, pero también hace falta que el sistema entienda nuestra realidad”, afirmó.