ICE detiene a excarcelado político y su hermano en Michigan

Ernesto José García Alvarado y Melkyssedex Antonio López-Ferrey, dos jóvenes nicaragüenses, permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la Instalación Correccional de North Lake, en Michigan, tras ser detenidos durante una parada policial mientras regresaban de un trabajo de construcción. Ambos figuran en el sistema oficial de localización de detenidos de ICE como “bajo custodia” y están a la espera de definiciones sobre su situación migratoria.

Según Marta Alvarado, madre de Ernesto José García Alvarado y Melkyssedex Antonio López-Ferrey, ambos fueron detenidos tras una parada policial cuando viajaban por Georgia. De acuerdo con su relato, los jóvenes se encontraban trabajando en proyectos de construcción en distintos estados y habían logrado establecerse en territorio estadounidense, incluso iniciando procesos de asilo y cambio de estatus migratorio.

“Mis hijos trabajaron, lucharon y sacaron sus papeles. Ya estaban metiendo su asilo. No eran delincuentes, eran trabajadores”, declaró Alvarado a 100%Noticias. Relata que durante la detención los jóvenes fueron llevados a cuartos extremadamente fríos, despojados de sus pertenencias personales y posteriormente trasladados a Detroit, Michigan, donde quedaron oficialmente bajo custodia de ICE.

De acuerdo con los registros oficiales del sistema de localización de detenidos de ICE, tanto Ernesto José García Alvarado como Melkyssedex Antonio López-Ferrey figuran actualmente recluidos en la Instalación Correccional de North Lake, en el estado de Michigan, bajo jurisdicción de la oficina de control de expedientes de Detroit.

El caso se complica aún más por la falta de defensa legal efectiva. Martha Alvarado denunció que ha pagado más de 4,500 dólares a un abogado que ahora se niega a continuar el caso si no recibe 1,500 dólares adicionales. “Mi hijo está preso, perdió su trabajo, su carro, todo. ¿Cómo vamos a seguir pagando? Ya nos ha robado”, afirmó.

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Paralelamente, organizaciones de exiliados nicaragüenses han comenzado campañas públicas para visibilizar el caso y solicitar apoyo legal y humanitario. Entre los llamados de ayuda también se encuentra el caso de Marlon Antonio Narváez Franklin, uno de los 222 presos políticos desterrados de Nicaragua en febrero de 2023, quien actualmente enfrenta un proceso migratorio complejo tras ser detenido por ICE.

Su familia ha solicitado ayuda económica urgente para cubrir los costos de representación legal, que ascienden a 10,000 dólares. La próxima audiencia judicial está programada para esta semana, lo que ha generado una movilización solidaria entre la comunidad nicaragüense en el exilio.

Las familias afectadas denuncian no solo la incertidumbre legal, sino también el impacto emocional y económico de las detenciones, la separación familiar y la falta de garantías de debido proceso.