Trump ordena revisar a 200,000 refugiados admitidos durante la era Biden

El gobierno del presidente Donald Trump prepara una revisión masiva del estatus de cientos de miles de refugiados que fueron admitidos en Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden, una decisión que podría afectar la estabilidad legal y emocional de casi 200.000 personas que huyeron de la guerra, la persecución y la violencia en sus países de origen.

De acuerdo con un memorando interno al que tuvo acceso la agencia Associated Press (AP), la administración Trump ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) iniciar un proceso de reentrevistas y reevaluación de todos los refugiados que ingresaron al país entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025. El documento está firmado por Joseph Edlow, director de USCIS, y fechado el 21 de noviembre.

El memorando sostiene que durante la administración Biden se priorizó la rapidez y la cantidad de admisiones por encima de los procesos de verificación detallados. Según el texto, esta supuesta falta de rigurosidad justifica una revisión completa del programa de refugio, la creación de una lista de personas que deberán ser entrevistadas nuevamente y una evaluación renovada de los motivos por los cuales se les otorgó protección en Estados Unidos.

La medida ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y agencias de reasentamiento de refugiados, que advierten que esta revisión podría provocar miedo, confusión e incertidumbre entre personas que ya han pasado por extensos filtros de seguridad para poder ingresar legalmente al país.

La decisión incluye la suspensión inmediata de la aprobación de tarjetas de residencia permanente (green cards) para los refugiados que llegaron durante el período señalado. Normalmente, quienes son admitidos como refugiados están obligados a solicitar la residencia un año después de su llegada y, por lo general, pueden solicitar la ciudadanía estadounidense tras cinco años adicionales.

Uno de los puntos más controvertidos del memorando es que, si USCIS determina que una persona no debió haber sido admitida bajo el programa de refugiados, esa persona no tendrá derecho a apelar la decisión de manera directa. Sin embargo, si se le inicia un proceso de deportación y es enviada a un tribunal de inmigración, podrá presentar su caso ante un juez.

El documento también confirma que la revisión aplicará incluso a personas que ya han obtenido la residencia permanente, lo que abre la puerta a una revisión retroactiva sin precedentes en el programa de refugiados.

“USCIS está listo para aplicar la ley y garantizar que no se abuse del programa de refugiados”, escribió Edlow en el memorando.

Expertos y defensores del programa insisten en que los refugiados son el grupo de inmigrantes más examinado que llega a Estados Unidos. A diferencia de otros procesos migratorios, las personas refugiadas pasan por múltiples revisiones biométricas, entrevistas de seguridad y verificaciones interagenciales que pueden tardar años antes de recibir autorización para ingresar al país.

Naomi Steinberg, vicepresidenta de políticas y defensa para Estados Unidos de HIAS, una de las principales agencias de reasentamiento, calificó el plan como “sorprendentemente mal concebido” y advirtió que provocará un nuevo trauma en personas que han logrado rehacer sus vidas tras huir de contextos extremos de violencia.

Por su parte, Sharif Aly, presidente del International Refugee Assistance Project (IRAP), afirmó que esta iniciativa representa “una enorme crueldad” y un desperdicio de recursos gubernamentales. IRAP forma parte de una demanda activa que busca revertir la suspensión del programa de admisión de refugiados impuesta por la administración Trump.

El contexto político es clave. A principios de este año, el gobierno redujo drásticamente el número de admisiones de refugiados y estableció un límite de apenas 7.500 ingresos, una de las cifras más bajas desde la creación del programa en 1980. La mayoría de esos cupos fueron asignados a sudafricanos blancos, lo que también ha generado críticas.

Durante la administración Biden, Estados Unidos admitió a 185.640 refugiados entre octubre de 2021 y septiembre de 2024. Solo en el último año fiscal se superaron las 100.000 admisiones, con la mayoría de personas provenientes de la República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela y Siria.

El memorando señala que en un plazo de 90 días USCIS elaborará una lista priorizada de casos para reentrevistas. Estas nuevas evaluaciones incluirán la revisión de los testimonios originales, las pruebas de persecución pasada o temor fundado, y cualquier posible causal de inadmisibilidad.

Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional, ni USCIS, ni la Casa Blanca han ofrecido declaraciones públicas oficiales sobre la implementación detallada de este plan.

Para miles de familias refugiadas, esta decisión representa un nuevo período de incertidumbre en un país donde ya han comenzado a reconstruir sus vidas. Organizaciones civiles advierten que esta revisión masiva podría violar principios básicos de protección internacional y debilitar uno de los programas humanitarios más antiguos de Estados Unidos.