EE. UU. intensifica arrestos de nicaragüenses en una semana marcada por operativos federales

En los últimos días, Estados Unidos ha incrementado las detenciones de ciudadanos nicaragüenses en diferentes estados, en medio de una política migratoria más estricta impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los casos más recientes revelan un enfoque que va desde delitos graves hasta infracciones administrativas y de tránsito.

El 1 de noviembre, ICE informó oficialmente sobre el arresto de Harvin Francisco Rivera-Díaz, ciudadano nicaragüense detenido en Richmond, Virginia. Según el comunicado, Rivera-Díaz ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022, fue liberado bajo supervisión durante la administración Biden y recibió una orden final de deportación en 2024.

El DHS lo presentó como un “criminal ilegal” con historial de agresión sexual y abuso carnal, dentro de la operación nacional “Making Virginia Safe Again”, cuyo objetivo —según el comunicado— es sacar de las calles a “depredadores sexuales, narcotraficantes y matones violentos”.

Otro nicaragüense entre los detenidos en Indiana

En paralelo, el DHS confirmó la detención de otro ciudadano nicaragüense en Indiana, como parte de la Operación Midway Blitz, una ofensiva iniciada en septiembre para identificar a camioneros sin autorización migratoria que poseen licencias de conducir comerciales (CDL).

De acuerdo con la secretaria del DHS, Kristi Noem, más de 220 conductores indocumentados fueron arrestados en esa ofensiva, y alrededor de una cuarta parte poseía licencias emitidas en estados “santuario” como California, Illinois y Nueva York. Entre los detenidos, señaló, figura un nicaragüense acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y transportar drogas.

“Si están aquí conduciendo ilegalmente en nuestras calles y carreteras, están poniendo en peligro a nuestros ciudadanos y sus días están contados”, declaró Noem durante una conferencia de prensa en Gary, Indiana, acompañada por el gobernador Mike Braun y el director interino de ICE, Todd Lyons.

Nicaragüense bajo custodia tras denuncia en Minnesota

En Minnesota, el 2 de noviembre, la policía de Thief River Falls reportó la captura de un nicaragüense sin estatus legal tras recibir denuncias de que seguía a adolescentes por la ciudad. Los agentes del U.S. Border Patrol confirmaron que el hombre figuraba como fugitivo de inmigración por incumplir con los reportes ante ICE y actualmente se encuentra bajo custodia a la espera de deportación.

Conocidos del detenido niegan las acusaciones y aseguran que “es un muchacho bien portado”, mientras el caso permanece bajo investigación.

Los nicaragüenses entre los grupos con menor flujo fronterizo, pero mayor escrutinio interno

Aunque las detenciones internas de nicaragüenses han aumentado en la última semana, los datos de la Patrulla Fronteriza (CBP) muestran que el flujo migratorio de ciudadanos de Nicaragua hacia Estados Unidos ha disminuido considerablemente.

Según cifras oficiales del año fiscal 2025, solo 1,659 nicaragüenses fueron detenidos entre los puertos de entrada durante todo el periodo, una caída del 79% respecto al año anterior. En contraste, México (112,077), Guatemala (30,035) y Honduras (17,114) concentraron la mayoría de las aprehensiones.

En los últimos tres meses del ciclo fiscal, las capturas de nicaragüenses apenas variaron —de 32 en julio a 49 en septiembre—, reflejando una tendencia estable pero baja. Sin embargo, esa disminución en la frontera contrasta con el aumento de arrestos internos reportados por ICE y DHS.

La caída general de las detenciones fronterizas, según analistas citados por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), se debe a las restricciones impuestas por la administración Trump, la suspensión del sistema de asilo y el clima de temor que disuade nuevas llegadas.

Aun así, los nicaragüenses siguen bajo especial atención por parte de las autoridades estadounidenses, que ahora enfocan sus esfuerzos en identificar a quienes ya están dentro del país y tienen vínculos con infracciones migratorias o penales.