Denuncian nuevas barreras para solicitantes de refugio en Costa Rica

El acceso al refugio en Costa Rica se ha convertido en un laberinto burocrático y económico que deja a miles de nicaragüenses sin trabajo, sin atención médica y sin documentos válidos. Así lo advierte el Colectivo Nicaragua Nunca Más en su boletín de octubre de 2025, donde denuncia que las nuevas condiciones del sistema migratorio costarricense agravan la vulnerabilidad de las personas solicitantes de protección internacional.

La primera traba comienza con la línea 1311, el único canal telefónico habilitado para solicitar citas de refugio. Cada minuto cuesta ₡390 más IVA y cargo de comunicación, un monto inasumible para muchas familias exiliadas que deben llamar repetidamente sin obtener respuesta.

“En la Unidad de Refugio informan que no hay citas, y cuando las hay, se están programando hasta noviembre de 2026”, señala el informe.

A esta demora se suman las renovaciones de carné de solicitante, que ya se están agendando hasta abril de 2026, lo que deja a miles de personas sin documento vigente, sin permiso laboral y sin acceso pleno a los servicios de salud. La ausencia de este carné también impide tramitar documentos de viaje, un derecho básico reconocido por el derecho internacional.

El Colectivo documentó además casos de bancos que se niegan a reconocer el “permiso laboral” emitido por Migración, lo que impide abrir cuentas, recibir salarios o donaciones.

“Sin cuenta bancaria no hay empleo, y sin empleo no hay forma de sobrevivir. Es una exclusión sistemática”, advierte la organización de derechos humanos.

Asedio a familias exiliadas

El informe también alerta sobre la “represión transfronteriza”, ejemplificado en el caso del profesor Adrián Meza, exrector de la Universidad Paulo Freire, quien denunció haber sido objeto de una “operación de inteligencia” para localizarlo en Costa Rica. Según el Colectivo, este hecho se suma a otros casos de vigilancia y hostigamiento contra personas refugiadas nicaragüenses, incluso fuera del territorio nacional.

De manera paralela, en Nicaragua persiste el asedio a familiares de personas en desaparición forzada, una práctica que busca “silenciar la denuncia y aislar a quienes exigen verdad y justicia”. Actualmente, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registró 33 casos de desaparición forzada bajo el régimen Ortega-Murillo.

Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el deterioro del sistema de refugio costarricense, que hasta hace pocos años era considerado un modelo regional de protección.

Las demoras de más de un año para citas, los costos excesivos de comunicación y la falta de reconocimiento de documentos oficiales vulneran el principio de no devolución y el derecho a una vida digna, pilares del asilo internacional.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más insiste en que Costa Rica debe garantizar el acceso efectivo al refugio y frenar la criminalización del exilio, mientras el régimen de Managua sigue persiguiendo, confiscando bienes y hostigando a quienes se atreven a denunciar.