Costa Rica sobrecargada por solicitudes de asilo de nicaragüenses, alerta informe de EE.UU. 2024

El sistema de asilo costarricense continúa bajo fuerte presión debido al elevado número de solicitudes, principalmente de migrantes nicaragüenses, de acuerdo con el Informe de Derechos Humanos 2024 publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El documento reconoce que el Gobierno de Costa Rica ha cooperado estrechamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con organizaciones humanitarias para brindar protección a refugiados, solicitantes de asilo y otras personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, advierte que la Unidad de Refugiados de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) se encuentra sobrecargada desde 2018, año en que se dispararon las solicitudes tras la crisis sociopolítica en Nicaragua.

La ley costarricense establece que las autoridades deben procesar las solicitudes de asilo en un plazo máximo de tres meses, y que los solicitantes pueden obtener cita en pocas semanas. No obstante, el informe detalla que la capacidad institucional se ha visto rebasada por la magnitud del flujo migratorio, lo que ha obligado al gobierno a solicitar apoyo internacional para reforzar sus mecanismos de atención.

En un paso significativo, el 14 de junio de 2024, el Ejecutivo emitió una orden que eliminó las restricciones introducidas en 2022, cuando se exigía a los solicitantes presentar su petición en un plazo de 30 días tras ingresar al país y prohibía la tramitación a quienes hubieran pasado por un tercer “país seguro”. Estas regulaciones habían sido criticadas por organismos internacionales por limitar el acceso a la protección.

El informe también resalta que Costa Rica implementó un Acuerdo de Transferencia de Protección, en coordinación con ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para facilitar el reasentamiento de refugiados en terceros países. Asimismo, el gobierno reafirmó su compromiso con la integración local y la naturalización de quienes obtienen el estatus de refugiado.

Con más de medio millón de nicaragüenses en su territorio, Costa Rica sigue siendo el principal destino de exiliados de ese país. El informe subraya que el desafío para las autoridades costarricenses radica en equilibrar la protección de los solicitantes de asilo con la capacidad institucional, en un contexto donde la migración forzada no muestra señales de disminuir.