Deportan a Nicaragua a reo beneficiado con “convivencia familiar” tras cumplir condena por agresión sexual en EEUU
Un nicaragüense deportado desde Estados Unidos por agresión sexual en Florida ya había sido condenado en Nicaragua por estupro, pero fue liberado en 2019 bajo el programa de “convivencia familiar”. Su reincidencia pone en entredicho las políticas del régimen Ortega-Murillo sobre excarcelación de reos comunes con antecedentes de violencia sexual
Evert Andrés Esquivel Pichardo, nicaragüense de 33 años, fue deportado recientemente desde Estados Unidos a Nicaragua tras cumplir una condena por acecho y exhibicionismo sexual en Coral Gables, Florida. Su regreso al país ocurre pese a contar con antecedentes por delitos sexuales y haber recibido en 2019 el beneficio de “convivencia familiar”, una medida promovida por el régimen Ortega-Murillo, que permite la excarcelación anticipada de reos comunes.
Según documentos oficiales del Departamento de Correcciones de Florida, Esquivel Pichardo fue deportado en junio de 2025, tras cumplir su condena por un violento ataque ocurrido el 19 de mayo de 2023. De acuerdo con reportes de CBS News y Local 10 News, el hombre acechó a una mujer de 25 años, la siguió hasta su apartamento usando una tarjeta de acceso que obtuvo como empleado del servicio de estacionamiento del edificio Life Time, la empujó al suelo y se expuso sexualmente mientras ella intentaba huir.
El jefe de la Policía de Coral Gables, Edward Hudak Jr., en su momento calificó el caso como un “ataque dirigido”. El arresto se produjo luego de que las cámaras de vigilancia y la investigación policial confirmaran su identidad. La policía halló la ropa usada el día del ataque durante el allanamiento en su residencia.
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Esquivel enfrentó cargos por robo con asalto o agresión y exposición indecente, y fue retenido sin derecho a fianza con una orden de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Historial criminal de Esquivel en Nicaragua
La Lupa, medio digital que accedió a los registros judiciales de Esquivel en Nicaragua, reveló que no fue el único caso alarmante tras su reciente deportación. En 2018 fue condenado a dos años de prisión por el delito de estupro en perjuicio de una adolescente de 16 años, a quien abusó sexualmente en estado de ebriedad en una casa de playa en Poneloya, León.
El Ministerio Público inicialmente calificó el caso como violación agravada, pero el juez lo redujo a estupro. La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones pese a los intentos de la defensa por desvirtuarla.
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Esquivel obtuvo su libertad el 26 de marzo de 2019, beneficiado por el programa de “convivencia familiar”, tras cumplir apenas un año y 27 días de prisión. Dicha política ha sido defendida reiteradamente por la vicepresidenta Rosario Murillo, quien asegura que a los excarcelados “se les da una nueva oportunidad para enderezarse”.
Sin embargo, su caso confirma las advertencias de organizaciones feministas sobre los riesgos que implica liberar a reos comunes con antecedentes de violencia sexual. El propio Esquivel había sido condenado por exhibicionismo en 2020 por hechos ocurridos en 2017, según consta en certificaciones judiciales.
El régimen asegura que solo el 7.5% de los más de 50,000 reos liberados en la última década ha reincidido, pero los hechos recientes contrastan con esa narrativa y alimentan el temor de la ciudadanía.
Mientras tanto, voces críticas insisten en que el beneficio de “convivencia familiar” está siendo otorgado sin una evaluación rigurosa del riesgo social, particularmente en casos de violencia de género y delitos sexuales.
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