Ministro de Seguridad en Costa Rica insta a exiliados nicaragüenses a denunciar amenazas ante OIJ o ACNUR

Tras el asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, instó a quienes se sientan vigilados o amenazados a acudir a la Unidad de Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), reportó La Nación de Costa Rica.

“El modelo de seguridad costarricense se proyecta sobre el 100% de los pobladores y no discrimina entre refugiados y no refugiados”, indicó Zamora en un comunicado de Presidencia, emitido el 8 de julio, 19 días después del homicidio de Samcam, ocurrido en San Vicente de Moravia, San José.

El exmilitar y férreo opositor al régimen de Daniel Ortega fue asesinado de ocho disparos dentro de su vivienda. Desde 2017, Samcam advirtió en entrevistas sobre la infiltración de agentes sandinistas en Costa Rica.

Según La Nación, se solicitó a Zamora referirse a la posible incursión de células del régimen en Costa Rica. Sin embargo, el jerarca respondió, vía correo electrónico, que, si bien podría existir la hipótesis de causas políticas provenientes de un tercer Estado, será el OIJ quien determine si existen los elementos necesarios para considerar estos hechos como crímenes políticos.

Hasta el momento, el Ejecutivo de Rodrigo Chaves no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, pese a solicitudes directas de diferentes medios de comunicación, entre ellos La Nación.

Silencio oficial y reclamos 

El silencio del Gobierno tras el crimen de Samcam, generó críticas por parte de defensores de derechos humanos, excancilleres y figuras del exilio.

La defensora Azahalea Solís alertó que se está subestimando el impacto del asesinato, calificándolo como una posible incidencia criminal de otro país dentro del territorio costarricense. “A la larga implica una situación de descomposición hacia lo interno, o al menos una ausencia absoluta de protección”, advirtió.

Dora María Téllez, exguerrillera y opositora nicaragüense, se mostró desconcertada por la falta de una reacción oficial. “(Samcam) era una personalidad relevante. Es un problema que toca la seguridad pública del país y la integridad territorial. Era esperable una reacción del Poder Ejecutivo”, dijo a La Nación.

Enrique Castillo, excanciller durante el conflicto por la isla Calero en 2010, también cuestionó el mutismo del Estado. “El asesinato de Samcam revela una falla de seguridad. Si hay células extranjeras operando aquí, eso lesiona nuestra soberanía”, afirmó.

Desde 2022, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) había advertido sobre la creciente infiltración del régimen Ortega-Murillo en Costa Rica, señalando como pieza clave a Valdrack Jaentschke, actual “ministro consejero” en la Embajada de Nicaragua en San José. Jaentschke fue alto cargo en inteligencia durante la revolución sandinista y mantiene vínculos con la estructura represiva del régimen.

Álvaro Leiva Sánchez, presidente de la ANPDH, renunció a su condición de asilado político en junio pasado y abandonó Costa Rica tras recibir amenazas. Durante su estancia en el país, remitió al menos cuatro cartas al presidente Rodrigo Chaves entre 2022 y 2024 advirtiendo sobre la situación. Tampoco obtuvo respuesta.

Mientras el presidente Rodrigo Chaves guarda silencio. Tampoco la Cancillería ha emitido una declaración, pese a que 30 exmandatarios iberoamericanos condenaron el crimen de Samcam como un atentado a la seguridad regional.