EEUU pone fin a TPS para Nicaragua y Honduras, beneficiados tienen 60 días para abandonar el país

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, un beneficio migratorio vigente desde 1999, cuando el país centroamericano fue devastado por el huracán Mitch. La decisión, firmada por el Secretario de Seguridad Nacional, entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, es decir, a partir del 8 de septiembre de 2025, y afectará a aproximadamente 4,000 nicaragüenses que actualmente gozan de esta protección legal.

El TPS protegía de la deportación a unos 76,000 hondureños y nicaragüenses desde 1999.

Efectos del desastre natural que afectó a Nicaragua ya no existen

Un portavoz de la Secretaría de Seguridad Nacional, declaró que el “Estatus de Protección Temporal (TPS) nunca estuvo previsto para durar un cuarto de siglo”. 

“Los efectos del desastre natural que afectó a Nicaragua en 1999 ya no existen. La situación ambiental ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos nicaragüenses puedan regresar a casa con seguridad. Esta decisión establece la integridad de nuestro sistema migratorio y garantiza que el TPS siga siendo temporal”, indicó el portavoz. 

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DHS informó que tras las consultas que realizaron con socios interinstitucionales, la Secretaria Kristi Noem determinó que “las condiciones en Nicaragua ya no cumplen con los requisitos legales del TPS. Su decisión se basó en una revisión de las condiciones en Nicaragua realizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y en consulta con el Departamento de Estado. La Secretaria determinó que, en general, las condiciones en el país han mejorado hasta el punto de que los nicaragüenses pueden regresar a casa con seguridad”, dice la nota del Departamento de Seguridad Nacional. 

Qué es el TPS

El TPS es un programa establecido por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias vivir y trabajar legalmente en EE. UU. mientras persisten esas circunstancias. Sin embargo, el DHS determinó que Nicaragua “ya no cumple con los requisitos legales” para seguir recibiendo esta designación.

La medida responde a una revisión de las condiciones internas del país. Según el aviso oficial del DHS, “Nicaragua ha logrado avances significativos en infraestructura, recuperación post-desastre, turismo, agricultura y sostenibilidad energética”. 

Además, el país “ha demostrado capacidad para aceptar el regreso ordenado de sus ciudadanos deportados en los últimos cinco años”.

La cancelación del TPS se produce tras años de litigios y extensiones, luego de que en 2017 la administración Trump intentó poner fin al programa, decisión que fue revertida por órdenes judiciales y luego reconsiderada en 2023 por la administración Biden. El último período de extensión fue de 18 meses y vencerá el 5 de julio de 2025.

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Aunque la ley permite un “período de transición ordenada”, el DHS determinó que 60 días serán suficientes para que los beneficiarios del TPS tomen medidas. Tras la cancelación, los migrantes regresarán al estatus migratorio que tenían antes del TPS, si aún es válido, o a cualquier otro estatus legalmente obtenido durante su permanencia en EE. UU.

Golpe duro

El abogado nicaragüense Harold Rocha, presidente del Fondo Nicaragüense Americano de Defensa Legal y Educación (NALDEF), calificó como un “golpe duro” la decisión del gobierno de Estados Unidos de terminar el TPS para Nicaragua. 

“Es un golpe para los cerca de 3,000 nicaragüenses que ostentan este estatus desde hace 26 años, aunque no nos sorprende”, indicó Rocha, quien explicó que la medida responde a la política migratoria actual y al vencimiento del plazo legal para su renovación, que expiró sin acción alguna el pasado 5 de mayo.

Rocha señaló que si bien el Departamento de Seguridad Nacional otorgó un plazo de salida de 60 días, este será insuficiente para quienes han pasado “casi toda una vida en Estados Unidos”. 

Aunque recomendó a los afectados consultar de inmediato con abogados colegiados o representantes autorizados, también reconoció que aún está en análisis si existe base legal para presentar una acción judicial. 

“Sabemos que el presidente tiene la autoridad para terminar el TPS. No es una nueva designación, sino el cierre de un estatus ya existente. Pero si procede una demanda, ahí estaremos”, afirmó.