Orozco: Suspensión de permisos laborales a solicitantes de asilo podría ser en próximos meses

El experto en migración y economía Manuel Orozco, director del programa Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, advirtió que las propuestas más recientes —como la posible suspensión o restricción de permisos laborales para solicitantes de asilo— no son inminentes, pero sí representan una amenaza concreta que podría ejecutarse en los próximos meses.

“Yo creo que en el corto plazo eso no va a ocurrir, es una cuestión que se pueda manejar después del receso legislativo y en el otoño”, señaló Orozco en el programa Café con Voz, conducido por el periodista Luis Galeano. 

A su criterio, la administración Trump evalúa si puede mantener el actual ritmo de resolución de solicitudes de asilo —un proceso que, pese a su aceleración, está resultando adverso para los migrantes— y tomar decisiones a partir de ello.

“La administración está evaluando el nivel de procesamiento de casos de asilo, y por ello se ha dado un tiempo prudencial para analizar si realmente se están acelerando las decisiones. Lamentablemente eso ha tenido impactos muy negativos, solo el 24% de las personas están recibiendo asilo político, lo que representa una drástica caída respecto al 42% de aprobación registrado el año pasado. En otras palabras, la tasa de denegación se ha duplicado, alcanzando el 76%”, explicó Orozco en el programa.

Señala que esta aceleración responde al intento de reducir un rezago de más de un millón de solicitudes. “Si las autoridades consideran que este ritmo es sostenible, podrían tomar decisiones respecto a los permisos de trabajo. No necesariamente implicaría su suspensión total, pero sí una revisión profunda”, advirtió.

Sin embargo, la realidad es que la mayoría de personas no optará por regresar voluntariamente, ya que muchas han desarrollado compromisos importantes en Estados Unidos. “Las deudas, los vínculos familiares y laborales generan raíces profundas que hacen muy difícil pensar en un retorno inmediato”.

Asilo: cifras preocupantes

Según los datos citados por Orozco, solo el 24% de las personas están recibiendo asilo político. Esto representa una caída abrupta con respecto al 42% de aprobación en el año anterior. 

“La forma de corregir el abuso del NTA (Notice to Appear) ha sido cortar los permisos de trabajo. Pero la mayoría de esas personas tienen reclamos legítimos”, insistió el analista, subrayando que muchos de los solicitantes de asilo provienen de contextos de persecución política directa.

“Hay oídos”

El experto en migración Manuel Orozco subrayó que planteó en diversas ocasiones al liderazgo político opositor, que una de las prioridades urgentes debe ser la diáspora nicaragüense en el exilio. Señaló que miles de nicaragüenses en países como Costa Rica, España y Estados Unidos se encuentran en un estatus migratorio irregular e incierto, por lo que se debió haber solicitado una moratoria migratoria hasta 2026. 

“Eso habría permitido ganar tiempo para que estas personas se organizaran y para que Estados Unidos pudiera evaluar adecuadamente los casos legítimos de solicitud de asilo”, afirmó. Orozco recordó que personas como los 222 desterrados son víctimas directas de persecución política y, por tanto, están amparadas bajo leyes estadounidenses de protección internacional.

“Estados Unidos ha aprobado leyes que sancionan al régimen de Ortega y revisan tratados como el CAFTA; eso implica que debe asumir también una posición consecuente frente a quienes han huido de esa dictadura”, explicó.

Ante ello, propuso organizar una interlocución más activa por parte de la diáspora con legisladores, autoridades migratorias y actores clave en Washington para abogar por una solución estructural. Orozco aclaró que si bien el riesgo de medidas más restrictivas no es inminente, podrían concretarse en los próximos tres meses, como ocurrió con el TPS en su momento.

“Hay oídos, pero hay que saber susurrar. El punto principal es cómo vos presentas, haces el caso de la condición migratoria de las personas, del impuesto a las remesas, de manera que lo primero que escuche un legislador es que esto no es bueno para el interés nacional de Estados Unidos”.

Agrega “No basta con decir ‘me van a deportar’; hay que hablar desde el interés nacional de Estados Unidos, desde los riesgos financieros, de seguridad, y de derechos humanos que implica la deportación de personas perseguidas políticamente”, apuntó. 

Afirmó que la mejor vía de incidencia no es hablar directamente con legisladores republicanos, sino con figuras que ya tienen vínculos con la diáspora y puedan ejercer presión desde dentro. “Hoy el tema está en manos del Ejecutivo, y hay que saber llegar a actores clave, como los asesores cercanos al senador Marco Rubio. Pero insisto: no he visto una propuesta seria de la diáspora nicaragüense que esté a la altura de esta crisis”,expresó.

Disminución del envío de remesas

Uno de los efectos colaterales más visibles de esta política migratoria es el impacto en las remesas. “Hay una disminución de por lo menos 30 millones de dólares entre marzo y abril”, advirtió Orozco, citando datos del Banco Central de Nicaragua.

Solo desde Estados Unidos, la caída fue de 23 millones, lo que representa un 5.1% menos. Si bien el primer trimestre del año mostró un aumento debido a envíos precaucionales ante el temor a deportaciones, ese comportamiento no se sostiene a largo plazo, y el envío ha regresado a niveles promedios tradicionales.

Para Orozco, esta situación es especialmente grave para Nicaragua: un tercio del consumo privado en el país depende de remesas, y una caída del 3% en su volumen puede significar una reducción de al menos 1% en el crecimiento del PIB. Si la reducción escala al 6% o más, Nicaragua podría no crecer económicamente en 2025.

Impuesto que amenaza con agravar la crisis

Además de las políticas de restricción migratoria, está pendiente de aprobación un impuesto del 3.5% a las remesas, que ya fue aprobado por la Cámara Baja y aguarda su revisión en el Senado. Aunque aún no ha entrado en vigor, su sola existencia ha generado alarma.

“Si vos enviás $400, con el nuevo impuesto estarías dejando de enviar unos $100 mensuales. Es decir, casi un 20% menos”, explicó el experto. Su proyección es clara: el impacto global podría representar una reducción del 7% en el volumen total de remesas que llegarían a Nicaragua en 2025.

Entre los 500,000 nicaragüenses que han llegado a EE.UU. en los últimos años, solo unos 90,000 tenían permisos laborales. De ese grupo, se estima que únicamente 30,000 han logrado avanzar en un proceso de ajuste de estatus, mientras que los otros 60,000 estarían en riesgo de ser retornados al no cumplir con los requisitos migratorios establecidos. 

Aparte, alrededor de 50,000 nicaragüenses han solicitado asilo político fuera del programa de parole humanitario.

Descontando a quienes ingresaron bajo parole, Orozco calcula que existen cerca de 120,000 nicaragüenses actualmente en proceso activo de solicitud de asilo. A ellos se suman otros 30,000 beneficiarios del parole humanitario que también están gestionando un ajuste de estatus. Sin embargo, la mayoría —más de 250,000 personas— permanece en un limbo migratorio, sin estatus definido y, aunque muchos no tienen orden de deportación, enfrentan una alta vulnerabilidad legal y social.

Los primeros en ser considerados para la expulsión son quienes tienen órdenes de deportación activas, antecedentes criminales o incluso aquellos amparados por medidas temporales como el TPS o el parole humanitario. 

“Solo en ese grupo ya hay al menos 100,000 personas en riesgo de ser deportadas, sin contar otras medidas adicionales que podrían aplicarse a corto plazo”, advirtió durante la entrevista con el periodista Luis Galeano.

Repercusiones en Nicaragua

Desde la perspectiva del analista Manuel Orozco, lo que diga o deje de decir Daniel Ortega también puede ser utilizado estratégicamente por la oposición. Si el régimen llegara a abrir algún espacio de diálogo, la respuesta debería ser política y no emocional.

“Sentarse a negociar una transición con reformas y eliminación de leyes represivas”, plantea. Sin embargo, lamenta que buena parte de la oposición sigue enfocada en descalificar al mandatario sin presentar propuestas viables ni actuar con madurez política. “Hay que ser políticos, y no lo estamos siendo”, reprochó.

En el plano económico, Orozco explicó que aunque no se avecina una crisis profunda en Nicaragua para el próximo año, sí se proyecta una desaceleración significativa. La caída en el envío de remesas —que actualmente representan un tercio del consumo privado— puede provocar una disminución del crecimiento del PIB de al menos un 1%. Si el descenso alcanza el 6%, “Nicaragua prácticamente no va a crecer”, advierte. Esto se traduce en menor poder adquisitivo para las familias, reducción del consumo interno y una economía cada vez más frágil.

Esta situación económica deteriorada podría derivar en un creciente malestar social hacia finales de 2026 o en 2027, justo cuando el oficialismo planea una nueva campaña electoral. 

“Eso no va a crear una crisis política, una crisis económica, pero sí está creando realmente una situación de descontento y de estado económico en la sociedad. Y eso puede generar algún tipo de inconformidad política a fin de año en el 2026, 2027 en medio de la nueva campaña electoral que la señora está queriendo montar. Uno tiene que estar observando cómo la calidad de vida de los nicaragüenses ha venido disminuyendo poco a poco y dependiendo básicamente del consumo que uno obtiene a través de las remesas. Y ante la ausencia de una riqueza de las remesas no hay un sustituto”, señaló Orozco.