Trump pide a Corte Suprema anular protección del Parole Humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua

El gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule la orden emitida por la jueza Indira Talwani, refrendada por la Corte de Apelaciones, que establece una resolución temporal para impedir la revocación del programa de Parole Humanitario, el cual ha beneficiado a casi medio millón de migrantes provenientes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.

El Departamento de Justicia pidió a los magistrados que suspendan la orden emitida por la jueza federal de distrito Indira Talwani, con sede en Boston, la cual bloqueó temporalmente la medida de la administración Trump para poner fin al programa de “libertad condicional” migratoria concedido bajo el mandato de Biden.

Esta iniciativa que forma parte del enfoque restrictivo de Trump hacia la política migratoria y según información de Reuters, los abogados del Departamento de Justicia, indicaron que la decisión de la jueza trastocó las "políticas de inmigración críticas que están cuidadosamente calibradas para disuadir la entrada ilegal", y supuestamente, "deshaciendo las políticas aprobadas democráticamente que tuvieron un gran protagonismo en las elecciones de noviembre" pasado.

"Mientras tanto, la Corte Suprema ordenó a los demandantes que se oponen a la cancelación del programa de libertad condicional responder a la solicitud del gobierno antes del 15 de mayo, según informó la agencia de noticias.

Este conflicto gira en torno al uso de la "libertad condicional" o "parole humanitario", una figura legal que permite la entrada temporal a Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o de interés público significativo.

Con el objetivo de reducir los cruces ilegales en la frontera sur, la administración Biden permitió a partir de 2022 que los venezolanos que ingresaran por vía aérea solicitaran libertad condicional por dos años, siempre que superaran los controles de seguridad y contaran con un patrocinador financiero en el país. Posteriormente, el programa fue ampliado para incluir a migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses.

El pasado lunes, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU. la solicitud del gobierno de detener la orden de un juez federal que bloqueaba el plan del Departamento de Seguridad Nacional para finalizar el programa, implementado durante la presidencia del demócrata Joe Biden (2017-2021).

La decisión de la jueza de Massachusetts Indira Talwani busca frenar la decisión de la Administración Trump de poner fin a diversos programas de 'parole' humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que también incluye otros de estos beneficiarios como menores centroamericanos, ucranianos y afganos, entre otros migrantes.

"Todas las notificaciones enviadas a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a través de su cuenta en línea del USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU) informándoles que su permiso de trabajo está siendo revocado sin una revisión caso por caso (...) quedan suspendidas a la espera de una nueva orden judicial",  rezaba el documento de la jueza.

La demanda Svitlana Doe v. Noem fue presentada el mes pasado por Justice Action Center y Human Rights First en nombre de los beneficiarios del programa de 'parole' humanitario y sus patrocinadores, junto con la organización demandante Haitian Bridge Alliance.

El 'parole' ha sido un componente esencial del sistema migratorio durante década, afirmó Anwen Hughes, directiva de Human Rights First.

"La corte reconoció acertadamente el daño que la decisión arbitraria del gobierno estaba a punto de causar en la vida de personas inocentes", agregó.

"Cientos de miles de nuestros vecinos dormirán esta noche sabiendo que los intentos de la administración Trump de deslegitimar y criminalizar nuestras comunidades han sido frustrados, por ahora", dijo en el comunicado Guerline Jozef, fundadora de Haitian Bridge Alliance.

Talwani también explicó durante audiencia previa que el argumento del gobierno para finalizar el programa, en particular cuando defendía que el 'parole' CHNV ya no cumplía su propósito. Aseguró que los inmigrantes bajo este programa ahora enfrentan la opción de "huir del país" o quedarse y "arriesgarse a perderlo todo".

"La secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi Noem), al acortar el período de 'parole' otorgado a estas personas, debe tener una decisión razonada", dijo la jueza tras argumentar que la decisión de finalizar el programa obedece a una mala interpretación de la ley.